La querella de la familia Rojas presentó a las 10 de la mañana de este jueves un planteo formal ante el Ministerio Público en el que advierte sobre presuntas irregularidades en el tratamiento de pruebas digitales clave para la investigación y solicita la intervención urgente de organismos federales especializados en cibercrimen.
La presentación, que vuelve a poner en el foco el caso del crimen del ex ministro Juan Carlos Rojas, fue impulsada por el abogado Iván Sarquis, quien expuso una serie de hallazgos técnicos que, según sostuvo, generan dudas sobre la integridad de la evidencia digital secuestrada a la víctima, en particular sobre el teléfono corporativo que forma parte del expediente.
De acuerdo con el escrito al que accedió La Unión, se detectó "una pérdida sustanciosa y discriminada de información" en el dispositivo móvil de la víctima. Este faltante de datos, señalaron desde la querella, podría constituir un indicio de maniobras de "sanitización" del equipo, es decir, procesos de limpieza o eliminación selectiva de contenido que podrían haber alterado el material probatorio.
A ello se suman otros elementos que incrementaron la preocupación de la parte acusadora: la aparición de archivos con fechas posteriores a la incautación del teléfono y anteriores a la primera extracción forense ordenada por el Ministerio Público. Esta situación, remarcaron, requeriría una explicación científica concreta para determinar si existió manipulación del dispositivo o alteración en la cadena de custodia.
En ese contexto, sostienen que resulta "indispensable" contar con una aclaración técnica sobre lo sucedido con la información digital y pidió que se adopten medidas urgentes. El objetivo, afirmaron, es despejar cualquier duda respecto de la posible manipulación, borrado o alteración de elementos probatorios, así como tambiéne evitar que se vea comprometida la validez de las pruebas incorporadas al expediente.
El planteo cobra mayor relevancia por los antecedentes de la causa. Según recordó la presentación, el propio Ministerio Público había manifestado en un decreto fiscal fechado el 6 de febrero de 2026 su preocupación por "subsanar" deficiencias detectadas en la preservación de registros de cámaras de seguridad durante el período crítico de la investigación. Aquellas falencias, indicaron, dificultaron el análisis de imágenes y registros clave para el esclarecimiento del hecho.
Frente a este escenario, la querella solicitó formalmente que el Ministerio Público disponga el envío de todos los teléfonos secuestrados vinculados a la víctima —no solo el dispositivo corporativo mencionado— a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación. En su defecto, pidieron que los equipos sean remitidos a otra unidad federal especializada en análisis forense digital.
El objetivo de esa medida sería que expertos independientes realicen peritajes técnicos exhaustivos para determinar las razones de los hallazgos detectados. Entre las cuestiones a esclarecer se encuentran el presunto borrado profundo del dispositivo, la aparición de archivos con fechas inconsistentes y cualquier otro indicio que pueda comprometer la integridad de la evidencia.
Desde la querella insistieron en que la adopción de estas medidas resulta urgente debido a las "graves implicancias" que podrían derivarse si se confirma la manipulación de pruebas digitales. Además, remarcaron que el esclarecimiento del crimen depende en gran medida de la confiabilidad del material tecnológico incorporado al expediente.
La solicitud quedó ahora en manos del Ministerio Público, que deberá resolver si hace lugar al pedido de intervención de peritos federales y a la remisión de los dispositivos para un nuevo análisis técnico. La decisión podría resultar determinante para el rumbo de una causa que ya presenta antecedentes de cuestionamientos sobre la preservación de evidencias clave.
