En un contexto donde la necesidad habitacional se convierte a menudo en un terreno fértil para el accionar delictivo, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ha decidido llevar ante la justicia un esquema de fraude de extrema gravedad institucional. Este mediodía, el Director de Adjudicaciones y Control de Viviendas del organismo, Mauricio Alejandro Varela, se presentó en la Fiscalía General para radicar una denuncia penal formal contra una o más personas que, bajo la modalidad de falsos gestores, estarían lucrando con la ilusión del techo propio de familias vulnerables.
La presentación judicial busca desarticular una red que, invocando falsos títulos y esgrimiendo influencias inexistentes, requería sumas de dinero a ciudadanos a cambio de la supuesta adjudicación directa de viviendas. El funcionario fue categórico al solicitar que la investigación alcance a quienes, de manera directa o indirecta, se beneficien patrimonialmente a partir del fraude a terceras personas. Según consta en el escrito, las maniobras delictivas combinan de forma sistemática el engaño, el abuso de confianza y la simulación de actos y gestiones oficiales vinculadas estrictamente al IPV.
La evidencia: audios y promesas de adjudicación bajo sospecha
El esquema delictivo detectado por la Dirección de Adjudicaciones se apoyaba principalmente en la comunicación directa y personalizada a través de telefonía móvil. Según el relato de los hechos aportado a la Fiscalía, se pudo determinar que desde un número telefónico específico se realizaba el abordaje a personas interesadas en las casas construidas por el Instituto.
Para dar sustento a la acusación, el organismo presentó material probatorio contundente, destacando una serie de audios incriminatorios enviados por las propias víctimas. En estas grabaciones se escucha con total claridad una oferta concreta de adjudicación de vivienda supeditada al pago de una suma de dinero, utilizando tecnicismos para reforzar la credibilidad del engaño.
Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia radica en el nivel de sofisticación y audacia de los delincuentes. Los estafadores no solo fingían ser empleados con llegada al poder de decisión, sino que llegaron a crear un falso perfil o contacto utilizando el nombre del propio director, Mauricio Alejandro Varela. A través de este perfil apócrifo, los estafadores interactuaban con las víctimas para dar una apariencia de legalidad a la maniobra, solicitando listados de beneficiarios y enviando nóminas de personas con el fin de convencer a los damnificados de que la gestión era real y que su acceso a la vivienda dependía exclusivamente de cumplir con las exigencias económicas planteadas.
Acción judicial y advertencia a la comunidad
La presentación judicial solicita formalmente que se investigue la posible comisión de delitos vinculados a fraude y estafa, instando a que se determinen las responsabilidades penales correspondientes para todos los involucrados.
Desde la Dirección de Adjudicaciones se puso énfasis en que este tipo de maniobras no solo afectan el patrimonio de los particulares, sino que dañan la transparencia de los procesos oficiales del Estado. Ante la gravedad de los hechos, se recordó que el IPV no utiliza gestores externos y que cualquier pedido de dinero por fuera de los canales administrativos constituye un delito, instando a la Fiscalía a rastrear el origen de las comunicaciones para frenar esta ola de abusos.