El proceso judicial por las agresiones sufridas por el fotógrafo Pablo Grillo durante una movilización en las inmediaciones del Congreso Nacional ha cobrado un nuevo impulso institucional. El trabajador de prensa se presentó formalmente como querellante en el expediente que investiga el operativo de seguridad donde resultó gravemente herido tras recibir el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno.
Según confirmó a la Agencia Noticias Argentinas la abogada Agustina Lloret, representante del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y defensora de Grillo, el planteo central busca profundizar la investigación sobre la cadena de mando de la Gendarmería Nacional e incluir el rol desempeñado por la entonces ministra de Seguridad Nacional y actual senadora, Patricia Bullrich.
El accionar de Guerrero y la omisión de los superiores
La reconstrucción de los hechos señala al gendarme Héctor Guerrero como el autor material de los disparos con cartuchos de gas lacrimógeno que alcanzaron a Grillo. No obstante, para la querella, este acto no puede ser calificado como una conducta individual o aislada, ya que se produjo bajo la mirada de sus superiores. Lloret sostuvo que Guerrero se encontraba rodeado de efectivos con cargos de jefatura que poseían funciones precisas de supervisión y control operativo, pero que, a pesar de las reiteradas detonaciones que ponían en riesgo la vida de los manifestantes, no intervinieron para detenerlo.
La abogada remarcó que ese riesgo se concretó trágicamente en el caso de Pablo, lo que obliga a la justicia a analizar la responsabilidad por omisión de quienes debían velar por la legalidad del procedimiento.
La estrategia de la querella se apoya en la modalidad técnica del ataque, la cual ya habría sido validada en resoluciones judiciales previas. Se determinó que el proyectil fue disparado en un ángulo horizontal y de forma directa hacia la multitud, una maniobra que está estrictamente prohibida por los manuales de uso de la fuerza. Según la defensa, este accionar fue ilegal porque los cartuchos de gas lacrimógeno deben ser utilizados de manera disuasiva y nunca como proyectiles de impacto directo contra el cuerpo humano. Al contravenir los protocolos vigentes, el operativo habría derivado en una práctica represiva que la justicia debe desglosar desde su planificación hasta su ejecución final en el terreno.
El pedido de ampliación ante la jueza María Servini
Frente a estas evidencias, la querella solicitó a la jueza María Servini que la investigación no se limite únicamente al gendarme que apretó el gatillo, sino que abarque a todos los niveles de responsabilidad jerárquica. Esto incluye la identificación de los responsables de todos los anillos de supervisión y control del accionar de la Gendarmería, así como un análisis exhaustivo del diseño y la ejecución general del operativo de seguridad desplegado aquel día. Asimismo, la defensa puso el foco en la responsabilidad política, exigiendo que se investigue el papel de Patricia Bullrich en la impartición de órdenes y en la supervisión de la fuerza federal.
Con esta presentación, se busca que el proceso judicial determine si existió una directiva o una anuencia por parte de la cadena de mando para permitir métodos de dispersión que violan normativas nacionales e internacionales. La resolución de la magistrada sobre estos pedidos de prueba y ampliación de imputaciones definirá si la causa avanza hacia una rendición de cuentas integral por parte del Estado frente a un hecho de violencia institucional que afectó gravemente la libertad de prensa y la integridad física de un trabajador.