Apartan a Rafecas de la investigación por la mansión de Pilar atribuida a Tapia
La Cámara Federal porteña resolvió un conflicto de competencia y definió que la causa deberá tramitar ante el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky. Aunque el juez federal Daniel Rafecas seguirá a cargo del allanamiento en curso, ya no continuará con la investigación que involucra a una finca en Pilar presuntamente vinculada a altos directivos de la AFA.

En medio de una jornada marcada por allanamientos, movimientos judiciales y nuevas medidas cautelares, la Cámara Federal porteña resolvió apartar al juez federal Daniel Rafecas de la causa que investiga si una lujosa mansión ubicada en Pilar pertenece realmente a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pese a figurar a nombre de una sociedad privada. La decisión implica un giro en el expediente, que a partir de ahora deberá tramitar en el fuero penal económico bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Penal Económico Nº 10.

La resolución fue firmada por el camarista Leopoldo Bruglia, integrante de la Sala I del Tribunal de Apelaciones, quien intervino para zanjar un conflicto de competencia surgido en los primeros pasos de la investigación. El caso se inició a partir de una denuncia presentada por la Coalición Cívica, que señalaba presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a una finca situada en la localidad de Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, atribuida de manera informal a Claudio "Chiqui" Tapia y a otros funcionarios del entorno dirigencial de la AFA.

Tras recibir la denuncia, Rafecas se declaró incompetente y derivó el expediente al fuero penal económico, al considerar que la presunta maniobra se encuadraba más adecuadamente dentro de esa especialidad jurisdiccional. Sin embargo, el juzgado sorteado en ese fuero no aceptó la remisión del caso, lo que activó la intervención de la Cámara Federal porteña para determinar la competencia definitiva.

En su resolución, Bruglia sostuvo que, en esta etapa inicial del expediente, "no surgen particularidades concretas de la maniobra investigada que permitan inferir la afectación de bienes jurídicos tutelados que habiliten la intervención del fuero federal". Por el contrario, señaló que, por el momento, "exclusivamente se encontraría comprometido el orden económico y financiero", lo que justifica que la causa quede en manos del fuero penal económico.

La decisión implica que Rafecas dejará de intervenir en la investigación de fondo. No obstante, por razones operativas y de continuidad del proceso, seguirá al frente del allanamiento que ordenó este mismo miércoles en la mansión de Villa Rosa, medida que continuará hasta su finalización. Según señalaron fuentes judiciales, una vez concluido el procedimiento, el magistrado remitirá el expediente al despacho del juez Aguinsky para que continúe con la instrucción del caso.

Horas antes de conocerse la resolución de la Cámara, Rafecas había dispuesto medidas de fuerte impacto procesal: ordenó el embargo preventivo de la finca investigada y la inmovilización de todos los vehículos y bienes muebles hallados en el lugar, ante la sospecha de encontrarse frente a un posible delito de lavado de activos. En el predio se identificaron decenas de automóviles y motocicletas de alto valor, además de otros bienes considerados de interés para la pesquisa.

El camarista Bruglia también señaló en su fallo que corresponderá al nuevo juez analizar eventuales cuestiones de competencia territorial, dado que el predio investigado se encuentra en la provincia de Buenos Aires, fuera de la jurisdicción natural de los tribunales porteños. Esa definición podría implicar un nuevo desplazamiento del expediente, dependiendo de cómo avance la investigación bajo la órbita de Aguinsky.

La causa, que desde el inicio generó alto interés público por involucrar bienes atribuidos a figuras centrales del fútbol argentino, transita ahora un reordenamiento judicial que podría redefinir los tiempos y el alcance de las medidas a adoptar. Mientras tanto, el allanamiento continúa y los peritajes sobre los bienes secuestrados comenzarán a ser analizados por el nuevo magistrado una vez que tome posesión formal del expediente.