Hace más de cien años se aplicó por última vez la pena de muerte en Argentina, un tema que divide las opiniones y genera polémica en quienes que se re-incorpore este tipo de condena y quienes no, abogando por los derechos humanos.

A pesar que genera esta división de opiniones, pocos saben quién fue el último condenado a muerte en Argentina y desde cuándo está abolida la condena.

La historia dicta que los últimos condenados a muerte fueron los calabreses Francisco Salvatto y Giovanni Lauro, quienes fueron fusilados en el patio de la Penitenciaría Nacional  un sábado 22 de julio de 1916, ambos fueron culpados por la muerte de un hombre identificado como Frank Carlos Livingston.

Respecto de la historia de la pena capital en el país, hay que resaltar que la Asamblea de 1813 la había abolido, varios años antes del fusilamiento de los calabreses. De todas maneras, hasta 1852 se siguió fusilando por razones políticas y hasta para “preservar las buenas costumbres”.

Esto último ocurrió en el caso de Camila O'Gorman y el cura Ladislao Gutiérrez, en 1848. Se habían enamorado y huyeron a Corrientes: cuando fueron descubiertos se decidió ejecutarlos, en una historia que llegó incluso al cine con la película protagonizada por Imanol Arias y Susú Pecoraro.

En estas idas y vueltas con la pena capital, el Código Penal la re-implantó en 1886. Así fue que se pudo aplicar en el denominado “crimen de la calle Gallo”. La víctima había sido el contador del Banco Hipotecario, Frank Livingston, de 46 años y padre de 6 hijos. En la madrugada del 20 de julio de 1914 fue asesinado a puñaladas por dos sujetos que lo sorprendieron en el hall de entrada de su casa.

Como los cuchillos utilizados en el crimen tenían olor a pescado y escamas adheridas, los policías no tardaron en llegar a Salvatore Vitarelli, proveedor de pescado de la familia. El acusado confesó que la esposa de la víctima le había encargado el asesinato, cansada de sus golpes: la esposa de hombre asesinado presuntamente contrató a los dos calabreses que no tenían trabajo: Giovanni Bautista Lauro, de 24 años, y Francisco Salvatto, de 27. El juez Serú los halló culpables y dispuso la pena de muerte para ambos. La esposa, Carmen Guillot, y el pescador recibieron perpetua.

Dos años después del crimen, el 22 de julio de 1916, los condenados fueron ejecutados por el pelotón de fusilamiento formado por ocho efectivos. Se convirtieron en los últimos que recibieron la pena de muerte en la Argentina. 

El nuevo Código Penal de 1922 abolió la pena de muerte, y durante décadas no hubo cambios en la legislación (el general Uriburu instauró la Ley Marcial en el 30, que permitió fusilamientos por razones políticas). Algunos intentos por reimplantarla no pudieron concretarse.

Aunque importantes figuras políticas  buscaron su reimplantación, no fue hasta 1970 que el presidente de facto Juan Carlos Onganía volvió a ponerla en vigencia, luego del secuestro del general Pedro Aramburu. El gobierno siguiente de Juan Domingo Perón la derogó una vez más, pero la Dictadura que tomó el poder en el 76 volvió a aplicarla de hecho, sin el debido proceso y al margen de cualquier norma escrita.

Finalmente, en 1984, a través de la ley 23.077, el gobierno de Raúl Alfonsín la derogó definitivamente y como Argentina suscribió el Pacto de San José de Costa Rica, ya no tiene posibilidad de instaurarla. Es decir que el año próximo se cumplirán 40 años de su abolición definitiva. Además, el artículo 18 de la Constitución Nacional prohíbe la pena de muerte por causas políticas y el código de Justicia Militar la eliminó para delitos militares en 2008.