El hallazgo de ocho fetos en bolsas de residuos patógenos durante el último fin de semana abrió una investigación que, lejos de agotarse en ese episodio, reveló una historia de mayor profundidad y gravedad. En el centro del caso se encuentra una menor de 12 años embarazada de ocho meses, cuya situación derivó en un presunto aborto practicado en el centro médico Santa María de Villa Ballester.
La causa es investigada de manera simultánea por un juzgado federal y dos fiscalías, en un entramado que incluye dos sospechosos prófugos, señalados por el abuso de la menor, y un familiar que decidió romper el silencio y radicar la denuncia, dando origen al expediente.
El operativo en la clínica
El sábado pasado, la Justicia y la Policía Bonaerense llegaron a la clínica Santa Rosa de Villa Ballester en busca de la menor. El procedimiento se realizó tras la recepción de un exhorto enviado por la Justicia santiagueña al despacho del juez Nicolás Schiavo, con jurisdicción en San Martín, que habilitó el allanamiento.
Según la historia clínica del centro médico Santa María, el aborto habría sido practicado el viernes. Sin embargo, la investigación federal, encabezada por el juez Juan Manuel Culotta, plantea una hipótesis alternativa: debido al avanzado estado del embarazo, se sospecha que el bebé podría haber nacido con vida para ser entregado, lo que abrió una causa por trata de personas.
Este punto constituye uno de los ejes centrales de la investigación, que ahora busca determinar con precisión qué ocurrió durante ese procedimiento.
El origen del caso
La historia se remonta a Monte Quemado, en Santiago del Estero, una localidad de aproximadamente 13 mil habitantes, donde la menor vivía junto a su madre, una mujer de 48 años. Fue allí donde, en febrero, un familiar decidió denunciar el abuso sexual y el embarazo avanzado de la niña.
A partir de esa denuncia, se inició una causa a cargo del fiscal Santiago Bridoux, quien avanzó en la investigación hasta identificar a dos sospechosos, actualmente prófugos y con pedido de captura.
En paralelo, la fiscalía mantuvo contacto con el Centro Integral de Salud de La Banda, ubicado a 325 kilómetros de Monte Quemado, donde se tenía previsto realizar el aborto. En ese momento, uno de los objetivos principales era asegurar una muestra de ADN del feto, considerada clave para avanzar en la imputación de los responsables.
El giro de la investigación
El desarrollo de la causa tuvo un punto de inflexión el martes 21, cuando el fiscal Bridoux tomó conocimiento de que el procedimiento se realizaría fuera de la provincia de Santiago del Estero. Este dato generó una alarma inmediata, ya que implicaba el riesgo de perder una prueba fundamental para la investigación.
En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal logró determinar que el traslado de la menor y su madre habría sido organizado con el apoyo de una ONG con sede en Palermo, dedicada, según su sitio web, a la salud reproductiva. Esta organización habría costeado los pasajes para el viaje hacia Buenos Aires.
Los fiscales intentaron obtener información de una representante de la entidad, pero, según fuentes del caso, la mujer se mostró reticente a brindar detalles, lo que profundizó las sospechas en torno al traslado.
Pericias, dudas y múltiples líneas de investigación
El hallazgo de los fetos en la clínica fue considerado un elemento colateral dentro de una investigación más amplia. Se determinó que en ese lugar se habían interrumpido tres embarazos el viernes pasado, lo que complejiza aún más el análisis de los hechos.
Uno de los puntos clave será la realización de pericias de ADN, que permitirán establecer si los fetos hallados corresponden al embarazo de la menor y si existe coincidencia genética con alguno de los sospechosos prófugos. Mientras tanto, la madre de la menor fue localizada y declaró ante las autoridades, indicando que no sabía si el bebé había nacido con vida o no, lo que añade incertidumbre al caso.
Por su parte, los fiscales santiagueños sostienen la hipótesis de que el aborto fue efectivamente practicado, aunque la causa por trata de personas continúa abierta en el fuero federal.
Investigaciones paralelas
El expediente avanza en múltiples frentes. Por un lado, la Justicia federal mantiene la investigación por posible trata, mientras que en el ámbito local, la Justicia de instrucción de San Martín inició una causa específica contra la clínica.
Esta investigación quedó a cargo de la UFI N° 7, que deberá determinar si los abortos realizados en el establecimiento se llevaron a cabo fuera del marco legal.
El caso, atravesado por denuncias, traslados, sospechas y pericias pendientes, continúa en desarrollo. Cada elemento recolectado se integra a una trama que busca reconstruir lo ocurrido desde la denuncia inicial en Monte Quemado hasta el procedimiento realizado en Villa Ballester, en un proceso judicial que aún tiene múltiples interrogantes por resolver.