Bullying en el Pía Didoménico: los planteos de Casorla y Gandini
El abogado de la querella explicó por qué se descartó la posibilidad de una reparación integral y sostuvo que ahora el objetivo es determinar las responsabilidades penales y reconstruir lo sucedido. Por su parte, el abogado Marcos Gandini insistió en que la imputación presenta omisiones sobre las circunstancias de los hechos y confirmó que la Cámara de Apelaciones resolverá el planteo de nulidad.

La investigación por el episodio de bullying ocurrido en el ámbito del Pía Didoménico continúa generando planteos contrapuestos entre la querella y las defensas de los menores imputados. En este contexto, el abogado querellante Roberto Casorla Yalet explicó los motivos que llevaron a modificar la estrategia inicial y dejar de lado la posibilidad de alcanzar una reparación integral, para concentrar los esfuerzos en el esclarecimiento de lo ocurrido y en la determinación de las responsabilidades penales.

El letrado remarcó que el propósito central de la intervención de la querella es dar con los autores del hecho que perjudicó a la jovencita, una situación que, según explicó, requiere avanzar en una investigación que permita reconstruir las circunstancias y establecer quiénes tuvieron responsabilidad en lo sucedido.

Casorla Yalet señaló que el cambio de planteo estuvo relacionado con el conocimiento progresivo de las consecuencias que atravesó Lucrecia. Según explicó, cuando inicialmente se evaluó la posibilidad de una reparación integral, todavía no se contaba con suficientes elementos para dimensionar el verdadero sufrimiento de la joven ni con toda la información necesaria para comprender el alcance de lo ocurrido.

En ese sentido, el abogado explicó que las primeras decisiones estuvieron atravesadas también por la mirada de los padres, que buscaban encontrar una salida que permitiera a su hija continuar con su vida sin que la situación dejara consecuencias permanentes en su personalidad.

El cambio de postura y el sufrimiento de Lucrecia

Al fundamentar por qué se descartó la alternativa de una reparación integral, Casorla hizo referencia a la dificultad de evaluar inicialmente las consecuencias de un episodio de estas características cuando todavía no se dispone de toda la información.

"Porque se tenían pocos elementos, poco conocimiento, poca información. No se sabía del verdadero sufrimiento de Lucrecia", explicó.

El letrado describió que, desde la perspectiva de una madre o un padre, las primeras decisiones pueden estar orientadas a evitar que los hijos atraviesen mayores dificultades y a buscar alternativas que les permitan recuperar una vida normal. En esa instancia, la preocupación familiar no necesariamente está puesta en una investigación criminal, sino en determinar si lo sucedido provocó consecuencias en la salud y si existe la posibilidad de superar la situación sin que quede una lesión en la personalidad de la joven.

Casorla planteó que esa mirada familiar puede generar contradicciones cuando debe convivir con la responsabilidad de intervenir profesionalmente en una causa judicial.

"Hace que las decisiones que se tomen como madre y a la vez como abogada puedan estar en principio contradichas. Lo que queremos para nosotros como padres, para nuestros hijos, siempre es el bien. Siempre buscamos el camino donde tengan la posibilidad de contar con las herramientas futuras y que no quede una lesión en su personalidad", manifestó.

De esta manera, el abogado explicó que la posición inicial estuvo vinculada con el deseo de proteger a Lucrecia y procurar que pudiera continuar adelante, sin que el episodio condicionara su futuro. Sin embargo, sostuvo que el conocimiento posterior de las circunstancias y la incorporación de nuevos elementos modificaron la evaluación sobre el camino que debía seguir la causa.

En su exposición también hizo referencia a la conducta de Lucrecia y a las decisiones que tomó en aquel momento, al señalar que actuó de acuerdo con lo que entendía que debía hacer frente a las circunstancias que estaba atravesando.

"Lo que hizo Lucrecia es lo que Lucrecia entendía que tenía que hacer en ese momento", expresó.

El video y la necesidad de una investigación

Uno de los elementos mencionados por Casorla Yalet para explicar el cambio de postura fue el video, que, según sostuvo, junto con las demás circunstancias probatorias incorporadas, hizo inevitable avanzar con una investigación de mayor alcance.

El abogado consideró que esos elementos modificaron el escenario con el que inicialmente se había evaluado la situación y reforzaron la necesidad de esclarecer los hechos mediante una investigación judicial. La referencia al video fue presentada como parte de las circunstancias probatorias que acompañan actualmente a la querella y que, en su interpretación, justifican profundizar la reconstrucción de lo ocurrido.

En ese marco, Casorla fue contundente al explicar cuáles son ahora los objetivos de la parte querellante: "Hoy buscamos la responsabilidad penal, buscamos el descubrimiento de la verdad, buscamos esta reconstrucción de los sucesos".

La declaración marca el cambio de orientación respecto de la posibilidad de una reparación integral. La querella sostiene ahora que resulta necesario avanzar en el esclarecimiento de los acontecimientos, determinar la participación de los responsables y establecer las consecuencias de lo sucedido para la joven.

Así, la estrategia que inicialmente contemplaba una alternativa centrada en la reparación fue desplazada por una postura que prioriza la investigación penal y el conocimiento de las circunstancias concretas del episodio.

Gandini cuestionó la resolución judicial 

Por otra parte, al finalizar la audiencia, el abogado Marcos Gandini, representante de dos de los menores imputados, explicó los argumentos que presentó la defensa y cuestionó la resolución del juez por considerar que dejó sin tratamiento uno de los agravios planteados durante el proceso.

El letrado indicó que durante la audiencia se analizaron tanto los planteos de nulidad formulados por las defensas como el pedido de la querella particular para revertir la decisión que había dispuesto su exclusión de la participación en el proceso.

Al explicar la posición de sus representados, Gandini sostuvo que el juez habría omitido abordar uno de los cuestionamientos centrales que la defensa venía formulando desde el inicio.

El abogado aclaró que su planteo se realizó con respeto hacia el magistrado y que consideraba que la omisión pudo haberse producido de manera involuntaria, en un contexto de premura y de fuerte repercusión generado alrededor de la causa. "Nosotros lo que hemos fundado básicamente es que el señor juez, en un acto, entendemos con total respeto y obviamente involuntario de premura y de clamor ante, y esto me hago cargo yo de las palabras, ante todo esto que se ha generado con motivo de esta causa, ha omitido tratar uno de los agravios que nosotros habíamos planteado", manifestó.

La observación de Gandini se concentró en la descripción de los hechos atribuidos a los menores. Según sostuvo, desde el comienzo la defensa cuestionó que el fiscal no hubiera precisado cuándo ocurrieron los acontecimientos ni de qué manera se desarrollaron.

El reclamo sobre el cuándo, cómo y dónde de los hechos

Para fundamentar el planteo de nulidad, Gandini hizo hincapié en la necesidad de que toda persona acusada conozca de manera concreta cuáles son los hechos que se le atribuyen.

El abogado consideró que la posibilidad de conocer las circunstancias de una acusación constituye un principio básico del derecho, porque permite que los imputados sepan exactamente de qué deben defenderse.

"Es decir, nosotros sostuvimos del principio de que el fiscal no nos había dicho cuándo sucedieron los hechos, ni nos había dicho cómo sucedieron los hechos. Son dos, a ver, esto es el ABC del derecho. Si a ustedes se los acusa de algo, ustedes tienen que tener la posibilidad de saber de qué se los acusa", expresó.

En esa línea, resumió los aspectos que, a su criterio, deben encontrarse claramente establecidos en una imputación: cómo, cuándo y dónde sucedieron los hechos. El representante de dos de los menores también diferenció la naturaleza de los acontecimientos investigados de otras situaciones en las que puede resultar más difícil precisar una fecha determinada.

Explicó que existen casos vinculados con hechos que involucran a menores en los que puede admitirse cierta flexibilidad respecto de la fecha, debido a las dificultades que puede presentar la reconstrucción de los acontecimientos. Sin embargo, sostuvo que esa situación no sería aplicable al expediente en cuestión.

Según su argumentación, se trata de delitos concretos e instantáneos, por lo que corresponde que el fiscal pueda describir las circunstancias en las que habrían ocurrido y acreditar cómo se desarrollaron.

"Estamos en delitos concretos, instantáneos, donde el fiscal, vuelvo a repetir, tiene que probar y tiene que recrear qué ha sucedido, cómo, cuándo y dónde", señaló. Desde esa perspectiva, Gandini consideró que la falta de tratamiento de ese cuestionamiento por parte del juez constituye el fundamento de la nulidad planteada por las defensas.