La polémica por el presunto hostigamiento y la difusión de imágenes íntimas de una estudiante del Colegio PIA continúa en el ámbito judicial, con dos situaciones que involucran a menores de edad y que tienen como eje a la misma joven.
Por un lado, la Fiscalía a cargo de Paola González Pinto investiga una denuncia por presunta violencia psicológica contra un estudiante de 17 años, luego de que se viralizara un video en el que otra adolescente de 18 años reconocería haberla hostigado. Por otro, se desarrolla una instancia judicial relacionada con la presunta difusión no autorizada de imágenes íntimas de esa misma estudiante, causa en la que tres adolescentes del colegio PIA están sindicados.
En este segundo expediente, la defensa de uno de los menores señalados decidió realizar un descargo en nombre de la familia y cuestionar la existencia de elementos probatorios que permitan sostener la acusación. El abogado Marcos Gandini afirmó que, hasta el momento, no se habría acreditado que los adolescentes investigados hayan distribuido el material.
La postura del letrado apunta a la falta de evidencias concretas que vinculen a su asistido con la presunta difusión. En ese sentido, resumió su planteo con una afirmación contundente: "Nadie vio el video y nadie lo ha recibido".
Gandini cuestionó la falta de pruebas concretas
En diálogo con medios locales, Gandini sostuvo que durante la investigación se secuestraron teléfonos celulares y se tomaron testimonios, pero aseguró que esas medidas no permitieron identificar conversaciones ni evidencias concretas que atribuyan a los menores la conducta investigada.
Según explicó, por el expediente pasaron numerosos testimonios y, de acuerdo con su interpretación, ninguno de ellos habría confirmado haber visto o recibido el video. Para la defensa, esa circunstancia resulta central al momento de evaluar si existió una distribución efectiva del material y si es posible atribuir esa conducta a los adolescentes señalados.
El abogado expresó: "Hay infinidad de testimonios que han pasado por el expediente y que todos ellos han sostenido de que no lo han visto el video y que no lo han recibido".
A partir de esa afirmación, cuestionó que pueda darse por acreditada la difusión de las imágenes. Su planteo se concentra en la necesidad de contar con elementos que permitan establecer qué ocurrió con el material y determinar si alguno de los menores investigados participó en su circulación.
Gandini también precisó que su intervención como defensor está limitada a uno de los adolescentes involucrados en la causa, quien tiene 17 años. De ese modo, aclaró el alcance de su representación y diferenció la situación de su asistido respecto de la de los demás menores sindicados.
El planteo de la defensa
En su descargo, el letrado señaló que, según su análisis, los hechos investigados podrían encuadrarse en dos figuras penales diferentes. Una de ellas sería la violación de secreto y la otra, la distribución de material pornográfico de una menor.
Al referirse a la primera posibilidad, Gandini sostuvo que, conforme a la ley anterior a la modificación que fue sancionada recientemente, los menores serían inimputables por esa figura. En cuanto a la segunda, insistió en que no se habría acreditado la distribución del material.
El abogado vinculó esa evaluación jurídica con los testimonios incorporados al expediente y con la ausencia de elementos que, desde su perspectiva, permitan demostrar que los adolescentes hayan difundido las imágenes.
"En este caso concreto se podían dar dos tipos penales. La violación de secreto, para la cual los menores, como se aplica en la ley anterior a la modificación que hace poco ha sido sancionada, serían inimputables. O la distribución de material pornográfico de una menor", manifestó.
Luego reiteró que, según los testimonios que mencionó, ninguna de las personas que declaró dijo haber visto o recibido el video. "Testimonios que se han rendido en el expediente, ninguno ha visto el video, ninguno lo ha recibido, por lo tanto la distribución o la difusión claramente no está acreditada", afirmó.
Estas declaraciones reflejan la posición de la defensa frente a una investigación que continúa su curso. La afirmación de Gandini constituye el argumento sostenido por el abogado, mientras que la causa judicial tiene como objeto esclarecer los hechos denunciados y determinar las eventuales responsabilidades.
Un planteo de nulidad rechazado y apelado
Entre las actuaciones procesales mencionadas por Gandini, el abogado confirmó que la defensa presentó un planteo de nulidad, que fue rechazado y posteriormente apelado.
El letrado cuestionó el avance de la investigación y sostuvo que, hasta el momento, no se reunieron pruebas suficientes para atribuir a su asistido la presunta difusión de las imágenes íntimas. En ese marco, la presentación de nulidad formó parte de los mecanismos legales que la defensa decidió utilizar para objetar determinadas actuaciones.
El rechazo del planteo y la posterior apelación fueron confirmados por el propio abogado durante sus declaraciones a los medios locales. Sin embargo, en la información brindada no se detallaron los fundamentos específicos de la resolución que rechazó la presentación ni el estado de su tratamiento posterior.
La restricción perimetral y la polémica por el viaje a Bariloche
Otro de los puntos que generó controversia fue el levantamiento de la restricción perimetral que alcanzaba a los menores señalados, una medida vinculada con la posibilidad de que pudieran realizar el viaje de egresados a Bariloche. Al abordar esta cuestión, Gandini explicó cómo actuó la familia de su asistido cuando recibió la notificación de la restricción. Según relató, su primera indicación a la madre del adolescente fue que se pusiera a disposición de la otra madre para intentar conocer lo sucedido y buscar una salida al conflicto.
"En su momento cuando se notificó la restricción a nuestro asistido, concretamente mi asistido, lo primero que yo le pedí a la madre es que se pusiera a disposición con la otra madre, por ser un conflicto de mayores, que veamos qué es lo que ha pasado", expresó.
El abogado aseguró que, mientras se intentaba encaminar esa instancia, su representado dejó de concurrir al colegio y al gimnasio al que también asistía la joven. De acuerdo con su explicación, esas decisiones tuvieron como finalidad evitar nuevos conflictos en el contexto de la denuncia.
"Por eso mi asistido dejó de concurrir al colegio, dejó de concurrir al gimnasio donde iba ella. Todo esto simplemente para evitar obviamente un conflicto porque obviamente la denuncia iba dirigida hacia él", señaló.