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Casación redujo la condena por abuso sexual contra José Alperovich

Los camaristas revisaron los agravantes y atenuantes considerados en la sentencia original y resolvieron fijar una pena de 14 años de prisión, en lugar de los 16 impuestos por el juez Juan María Ramos Padilla. La Justicia sostuvo que Alperovich utilizó su posición política y la relación de poder para cometer los abusos.

José Alperovich
José Alperovich

18 Noviembre de 2026 17.42

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió reducir en dos años la condena a prisión impuesta al exgobernador de Tucumán, José Alperovich, por delitos de abuso sexual. La decisión hizo lugar parcialmente al planteo presentado por su defensa, aunque mantuvo la declaración de responsabilidad penal por los nueve episodios y confirmó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los ámbitos nacional, provincial y municipal.

De acuerdo con el fallo al que tuvo acceso TN, los camaristas Daniel Morin, Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse establecieron que la nueva pena debía ser de 14 años de prisión, frente a los 16 años que habían sido fijados originalmente por el juez Juan María Ramos Padilla.

La resolución determinó expresamente: "Fijar la nueva pena a imponer al imputado en catorce (14) años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a nivel nacional, provincial y municipal, accesorias legales y costas".

El pronunciamiento representa una modificación en la extensión de la pena privativa de la libertad, pero no supone un cambio en la valoración judicial sobre los hechos ni en la responsabilidad del exmandatario. En ese sentido, Casación rechazó los cuestionamientos centrales de la defensa relacionados con la valoración de las pruebas y mantuvo la condena por los nueve episodios.

La decisión judicial se concentró especialmente en revisar los criterios utilizados para establecer la cantidad de años de prisión, considerando tanto las circunstancias que habían agravado la situación del acusado como aquellas que podían ser ponderadas para disminuir la sanción.

Los argumentos de la defensa 

La defensa de Alperovich había cuestionado distintos aspectos de la sentencia original. Entre sus planteos, objetó la valoración de las pruebas realizada durante el proceso, la calificación legal de los hechos y la proporcionalidad de la pena impuesta.

Uno de los puntos centrales de la revisión estuvo relacionado con la determinación de los años de prisión. Los integrantes del tribunal analizaron los agravantes y atenuantes que habían sido considerados por el juez Juan María Ramos Padilla al momento de establecer la condena de 16 años.

Entre los elementos que habían incrementado la pena se encontraban la gravedad de los episodios, la reiteración de las agresiones, las consecuencias físicas y psicológicas para la víctima y el aprovechamiento de la posición de poder que ocupaba Alperovich como gobernador de Tucumán y senador nacional.

Estos factores habían tenido un peso significativo en la sentencia original, debido a las características de los hechos y a la relación existente entre el acusado y la víctima.

Sin embargo, durante la revisión también fueron consideradas distintas circunstancias personales del exgobernador. Los camaristas ponderaron su avanzada edad, su estado de salud y el vínculo con sus cuatro hijos. Después de analizar esos elementos junto con la gravedad de los delitos, el juez Horacio Leonardo Días concluyó que correspondía establecer una pena menor a la impuesta inicialmente. El camarista Eugenio Sarrabayrouse adhirió a ese criterio, acompañando la reducción de la condena.

De esta manera, la revisión permitió modificar la extensión de la sanción de prisión, aunque sin alterar los fundamentos centrales de la responsabilidad penal establecida en el proceso.

La inhabilitación perpetua seguirá vigente

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que la reducción de dos años de prisión no modificó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

La Cámara de Casación confirmó que Alperovich no podrá desempeñar funciones públicas en los ámbitos nacional, provincial y municipal. Esta sanción se mantuvo a pesar de la modificación de la pena principal. Los jueces entendieron que el exgobernador se había valido de su función pública y de la asimetría de poder derivada de su posición para cometer los delitos. Por ese motivo, consideraron que correspondía conservar la sanción prevista en el artículo 20 bis del Código Penal.

La valoración de este aspecto estuvo vinculada directamente con el lugar que ocupaba Alperovich al momento de los hechos. Su condición de gobernador y senador nacional, además de la relación de autoridad y dependencia que mantenía con la víctima, constituyeron elementos centrales para fundamentar la continuidad de la inhabilitación.

Así, el tribunal distinguió entre la revisión de los factores utilizados para determinar la cantidad de años de prisión y la responsabilidad que correspondía atribuirle por haberse aprovechado de su posición de poder.

La resolución, por lo tanto, mantuvo intacta la consecuencia jurídica relacionada con la prohibición de ejercer cargos públicos de manera permanente.

El origen de la causa

La causa contra José Alperovich comenzó a partir de una denuncia presentada en 2019 por una sobrina, 35 años menor que el exgobernador, que trabajaba para él durante la campaña política electoral con la que intentaba regresar por cuarta vez a la gobernación de Tucumán en las elecciones de ese año.

La investigación judicial ubicó los hechos entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018. Los episodios denunciados habrían ocurrido en distintos lugares de la provincia de Tucumán y también en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los escenarios mencionados en la causa se encontraban las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, además de un departamento perteneciente a Alperovich en el barrio porteño de Puerto Madero.

En ese período, el exmandatario ocupaba una banca en el Senado de la Nación, circunstancia que también formó parte del contexto en el que se desarrollaron los hechos investigados. La acusación sostuvo que los abusos se produjeron mediante intimidación y aprovechamiento de una relación de dependencia, poder y autoridad. Esa descripción fue uno de los ejes centrales de la investigación y posteriormente de los fundamentos de la condena.

En la presentación fiscal se sostuvo que Alperovich había utilizado su posición de superioridad para concretar los abusos. En ese sentido, la acusación afirmó: "Avasalló totalmente a la víctima, la convirtió en un objeto de su placer sexual".

La relación laboral y política entre ambos constituyó un elemento relevante para comprender la situación de dependencia que describió la investigación.

Los fundamentos judiciales y el aprovechamiento de la relación de poder

En los fundamentos de la condena original, el tribunal consideró que los hechos habían ocurrido mediante violencia y abuso coactivo e intimidatorio de una relación de dependencia, autoridad y poder.

La sentencia sostuvo que el acusado se había aprovechado de la situación de vulnerabilidad derivada de esa relación y de que la víctima no había podido consentir los actos. En ese marco, los jueces señalaron: "Alperovich abusó de su sobrina segunda, valiéndose de la asimetría de poder que tenía frente a ella. Él era su jefe, detentaba un poder político de inmensa magnitud en la Provincia".

Este razonamiento también fue determinante para sostener la inhabilitación perpetua, ya que el tribunal entendió que la función pública y la posición de autoridad del exgobernador habían sido utilizadas como parte del contexto en el que se cometieron los delitos.

La consideración de esa relación de poder permitió fundamentar la continuidad de la sanción prevista en el artículo 20 bis del Código Penal, incluso después de que Casación resolviera disminuir la pena de prisión.