La causa que involucra al diputado provincial Javier Galán sumó un nuevo episodio este martes, luego de que la abogada Silvia Barrientos realizara declaraciones desde Fiscalía General en un contexto marcado por la expectativa de una tercera denuncia que finalmente no se formalizó.
Según explicó la letrada en el contacto con la prensa, en la actualidad existen dos denuncias penales activas por abuso sexual, mientras que una tercera posible víctima continúa en una etapa de evaluación. Este proceso, indicó, está atravesado por el temor que genera la exposición pública del caso. La ausencia de esa tercera presentación no impidió que la abogada profundizara sus cuestionamientos sobre el estado del expediente, al que definió como una causa sin avances concretos.
Denuncias de desigualdad
Barrientos fue categórica al describir la situación de las denunciantes, a quienes ubicó en un escenario de "absoluta asimetría de poder". En su planteo, sostuvo que esta condición no solo afecta el desarrollo del proceso, sino que además vulnera normas nacionales e internacionales de protección a las víctimas.
En ese marco, apuntó directamente a la falta de medidas judiciales, señalando que hasta el momento no se habrían activado protocolos básicos dentro de la investigación. Entre las principales críticas, enumeró la ausencia de asistencia integral a las víctimas, falta de realización de pericias e inexistencia de medidas concretas de investigación. Estas observaciones buscan poner en evidencia lo que la defensa considera una parálisis en el avance del expediente.
Cruce por las versiones públicas
Otro de los ejes de las declaraciones estuvo vinculado a las publicaciones realizadas por el legislador en redes sociales, en las que hacía referencia a supuestas resoluciones judiciales adversas para las denunciantes.
Barrientos rechazó esas afirmaciones y aclaró: "Es falso. La querella no está denegada, está en stand by". En ese sentido, remarcó que cualquier resolución de este tipo debe ser notificada a las partes intervinientes y no comunicada públicamente por el acusado. En un tono crítico, la abogada calificó a Galán como "mentiroso" y lo acusó de intentar confundir a la opinión pública respecto del estado real de la causa.
Las pruebas presentadas
La letrada también reveló que en el expediente ya se incorporaron más de 40 páginas de pruebas, incluyendo material audiovisual. No obstante, evitó brindar detalles sobre su contenido con el objetivo de resguardar la identidad y la integridad de las víctimas.
Este punto fue utilizado para reforzar su planteo sobre la necesidad de avanzar con la investigación, al considerar que existen elementos suficientes para impulsar medidas concretas dentro del proceso.
Los fueros, el conflicto
Uno de los aspectos más sensibles del caso gira en torno a la condición del denunciado como legislador y la vigencia de sus fueros. Para Barrientos, este factor constituye un obstáculo directo para el desarrollo de la investigación.
En ese contexto, lanzó un desafío explícito: "Si realmente está a disposición de la Justicia, debería despojarse de los fueros y someterse como cualquier ciudadano". La abogada sostuvo que la permanencia de los fueros genera una limitación concreta para el avance del expediente y profundiza la desigualdad entre las partes involucradas.
Sobre las denunciantes
Barrientos también se refirió a una de las víctimas mencionadas en declaraciones públicas del legislador, quien había señalado que la mujer continuaba trabajando.
La abogada desmintió esa versión y explicó que la denunciante fue apartada de sus funciones tras atravesar una situación de salud. Además, precisó que el salario que percibe proviene de la Cámara y no del legislador. En ese sentido, agregó que el vínculo laboral habría sido utilizado como parte de un mecanismo de manipulación, lo que suma un nuevo elemento al contexto de la causa.
Ahora y a pesar de las denuncias y de la presentación de pruebas, el expediente permanece en una etapa inicial, sin avances significativos en términos de investigación. Esta situación genera un escenario atravesado por tensiones tanto judiciales como políticas.
Barrientos advirtió además que la exposición pública del caso y las reacciones en redes sociales pueden tener un efecto disuasivo sobre otras posibles víctimas. "Hay personas que tienen miedo de denunciar", señaló.