Caso Galán: rechazan el pedido de la querella y el tema de los fueros lo definirá el juez
La solicitud de la abogada Silvia Barrientos fue desestimada en esta etapa procesal mientras la investigación pasa al ámbito del Juzgado de Control de Garantías. La fiscal impulsó medidas preliminares al considerar la posible comisión de un delito.

La causa de fuerte repercusión pública registró un movimiento clave en las últimas tras la desestimación del pedido presentado por la abogada Silvia Barrientos, quien buscaba ser incorporada como querellante particular. La resolución, adoptada en esta etapa procesal, redefine el encuadre del expediente, que quedará momentáneamente bajo la órbita del Juzgado de Control de Garantías.

La decisión se fundamenta en un aspecto central del caso: la condición del denunciado, quien cuenta con fueros. Esta situación determina que las medidas investigativas preliminares no sean conducidas por la Fiscalía, sino por un juez, en cumplimiento de las disposiciones vigentes.

El rol de la fiscalía y la intervención judicial

Desde el ámbito judicial se explicó que la fiscal interviniente impulsó una investigación jurisdiccional al considerar que existen elementos iniciales suficientes que permiten presumir la posible comisión de un delito por parte del denunciado. Este punto marca el inicio de una etapa clave en el proceso, en la que se evaluará la consistencia de las pruebas y la viabilidad de avanzar hacia instancias posteriores.

Sin embargo, debido a los fueros del denunciado, la fiscal no continuará al frente de la investigación en esta instancia. En su lugar, solicitó al juez que asuma la conducción del expediente, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las formalidades legales que rigen este tipo de situaciones.

En este marco, el juez del Juzgado de Control de Garantías tendrá a su cargo una serie de funciones fundamentales:

  • Conducir la investigación preliminar
  • Ordenar la producción de pruebas
  • Disponer nuevas medidas investigativas
  • Evaluar la existencia de fundamentos para una eventual imputación

Este esquema implica que el avance de la causa dependerá, en esta etapa, de las decisiones que adopte el magistrado a partir del análisis de los elementos reunidos.

El rechazo a la querella

La solicitud de Silvia Barrientos para constituirse como querellante particular fue considerada improcedente en este momento del proceso. La resolución se vincula directamente con el cambio de órbita de la causa, que deja de estar bajo la conducción directa de la Fiscalía para pasar a manos del juez competente.

Este rechazo no implica una resolución definitiva sobre el fondo del planteo, sino que se inscribe dentro de las particularidades procesales que presenta el caso, especialmente por la condición del denunciado y el tipo de investigación en curso.

La palabra de Galán

Tras conocerse la decisión, Galán se pronunció públicamente y brindó su interpretación sobre el alcance de la medida. En su declaración, sostuvo:

"Me acaban de notificar que la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género, a cargo de la Dra. Alejandra Antonino, resolvió rechazar por improcedente la constitución como querellante particular solicitada por la abogada Silvia Barrientos. Esto confirma lo que vengo diciendo desde el primer momento: muchas de las versiones que se instalaron no se ajustan a la realidad del proceso. La verdad empieza a salir a la luz y, con el paso del tiempo, las mentiras se van cayendo. Voy a seguir a disposición de la Justicia, como lo estuve desde el primer día. La verdad siempre prevalece".

Sus palabras reflejan una postura de respaldo a la decisión judicial y remarcan su disposición a continuar colaborando con el proceso.

Un proceso en etapa preliminar

El estado actual de la causa evidencia que se encuentra en una fase preliminar, en la que se busca determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una imputación formal. La intervención del juez, en este contexto, resulta determinante para ordenar las medidas necesarias y definir el curso del expediente.

Entre los aspectos centrales que caracterizan esta etapa se destacan:

  • La existencia de indicios iniciales sobre la posible comisión de un delito
  • La necesidad de reunir y analizar pruebas bajo supervisión judicial
  • La definición de si corresponde avanzar hacia una imputación

Este escenario configura un proceso en desarrollo, en el que las decisiones judiciales irán delineando los próximos pasos.