La investigación jurisdiccional contra el diputado provincial Javier Galán (MID) continúa avanzando con nuevas medidas que profundizan el análisis de los hechos denunciados y complican su situación procesal. En las últimas horas, el juez de Control de Garantías N°4, Marcelo Sago, dispuso la realización de una pericia psicológica a Daniela Solohaga, la primera mujer que denunció al legislador por presuntos delitos de abuso sexual.
La medida se inscribe en una serie de diligencias orientadas a consolidar el caudal probatorio de la causa, que ya incluye acusaciones de abuso sexual, exacciones ilegales, peculado de servicio y amenazas. La decisión judicial apunta a evaluar aspectos relevantes del testimonio de la denunciante, en el marco de una investigación que ha ido sumando elementos en las últimas semanas.
Peritaje del celular y estrategia de la defensa
En paralelo a la pericia psicológica, la Justicia ordenó también el peritaje del teléfono celular de Solohaga, con el objetivo de recolectar posibles pruebas que contribuyan a esclarecer los hechos denunciados. Este tipo de análisis resulta clave en investigaciones de esta naturaleza, ya que puede aportar información relevante sobre comunicaciones, registros y otros elementos vinculados al caso.
Frente a estas medidas, la defensa del diputado Galán confirmó que presentará peritos de parte, quienes intervendrán tanto en la evaluación psicológica como en el análisis del dispositivo móvil. Esta estrategia busca garantizar la participación activa del equipo defensor en las instancias técnicas del proceso, en un expediente que adquiere cada vez mayor complejidad.
La intervención del juez Marcelo Sago resulta determinante en el desarrollo de la causa. Su función en esta etapa consiste en evaluar si existen elementos suficientes que permitan sustentar un eventual pedido de desafuero del diputado Javier Galán ante la Cámara de Diputados.
Este aspecto adquiere particular relevancia institucional, ya que el desafuero es un paso necesario para avanzar con determinadas instancias judiciales cuando se trata de un legislador en funciones. En ese sentido, las medidas ordenadas buscan fortalecer el sustento probatorio que permita definir los próximos pasos del proceso.
Una nueva denuncia agrava el escenario
En paralelo a las decisiones judiciales, el caso sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la presentación de una cuarta denuncia contra Galán. En esta oportunidad, el denunciante es un hombre identificado como Iván Luna Avellaneda, quien se desempeña como empleado y fue ofrecido como testigo por una de las denunciantes.
Según su declaración, Luna Avellaneda acusó al legislador de aprietes y amenazas, en un episodio que aporta nuevos elementos a la investigación. El denunciante sostuvo que Galán lo citó para mantener una conversación en la que, mientras gesticulaba con un puñal en la mano, le habría solicitado que contradijera a la primera mujer que lo denunció.
Este relato introduce un componente adicional de gravedad en la causa, al incorporar presuntas conductas intimidatorias dirigidas a influir sobre testigos o denunciantes, lo que podría tener impacto directo en la valoración judicial del caso.
Con la incorporación de esta cuarta denuncia, la causa contra el diputado Javier Galán continúa expandiéndose tanto en volumen como en complejidad. Las distintas acusaciones y las nuevas medidas ordenadas por la Justicia configuran un escenario en evolución, donde cada elemento resulta clave para el avance del proceso.
En este contexto, la combinación de pericias técnicas, testimonios y nuevas denuncias perfila una etapa decisiva en la investigación. La actuación del juez Sago y las próximas conclusiones de las pericias ordenadas serán determinantes para establecer el rumbo de la causa y definir si existen fundamentos suficientes para avanzar hacia instancias institucionales de mayor alcance.