Tras el traslado de Elpidio Guaraz al penal de Miraflores, la estrategia de su defensa ha entrado en una fase de definiciones urgentes. Su abogado, el Dr. Quintero Martínez, confirmó a la prensa frente a la Brigada de Investigaciones que, a pesar de que el exjefe comunal ya se encuentra bajo custodia del servicio penitenciario, el proceso judicial dista de estar cerrado.
Guaraz fue trasladado para iniciar el cumplimiento de una condena firme a nueve años de prisión por abuso sexual agravado. No obstante, el letrado explicó que se han presentado escritos para solicitar la prisión domiciliaria, una medida que aún se encuentra en etapa de análisis por parte de las autoridades judiciales. En este contexto, Martínez desmintió categóricamente las versiones que indicaban que su defendido se habría atrincherado en su hogar, asegurando que la detención se produjo bajo los protocolos policiales habituales y sin incidentes.
Las polémicas declaraciones bajo la lupa del fiscal Costilla
La nueva citación para este martes a las 9:00 surge de la necesidad de la Justicia de profundizar en las recientes manifestaciones públicas de Guaraz. A través de sus redes sociales, el exintendente vinculó a altas autoridades provinciales con la causa que investiga la muerte del exministro Juan Carlos Rojas, un hecho que ha generado una fuerte conmoción política e institucional.
El fiscal Costilla busca que estas expresiones dejen de ser meras publicaciones digitales para convertirse en un testimonio formal. Los puntos clave de esta comparecencia serán:
- Ampliación de declaración: El imputado deberá ratificar o rectificar sus dichos ante la Fiscalía.
- Aclaración de fundamentos: La Justicia exige que Guaraz precise el alcance de sus acusaciones y aporte pruebas si las tuviere.
- Validez procesal: Según su defensor, no se trata de una "escucha" informal, sino de un acto procesal donde se evaluará la gravedad de los hechos denunciados.
Repercusiones políticas y pasos a seguir
La comparecencia de Guaraz desde el penal de Miraflores hacia la sede judicial añade una capa de complejidad a un caso que ya cuenta con una sentencia de fondo. Mientras la defensa técnica insiste en la evaluación de medidas suspensivas y beneficios de detención, la Fiscalía avanza en una línea de investigación que podría abrir nuevas derivaciones en la política local.
La jornada de mañana será determinante para conocer si las afirmaciones de Guaraz poseen sustento jurídico o si se enmarcan en una estrategia mediática tras su condena.
El hermetismo en torno a lo que pueda declarar el exintendente mantiene en vilo tanto al Poder Judicial como al arco político provincial, ante la posibilidad de que sus palabras arrojen luz —o sumen nuevas sombras— sobre el caso Rojas.