Tras doce años de investigación, la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación resolvió aceptar la suspensión del juicio a prueba (probation) solicitada por ocho médicos acusados de falsificar órdenes de OSEP, decisión que les permite evitar el juicio penal.

Los profesionales involucrados son Marcelo González, Bruno Ariel Robledo, Alejandro Codigoni, Marcelo Eduardo Ubaid, Nelson Walter Silva, Juan León Córdoba Bustos, Hugo Pacheco y Lilian Pennise. La medida implica que deberán resarcir al Estado con una suma cercana a los 15 millones de pesos y prestar servicios médicos comunitarios en postas sanitarias y centros de salud barriales, durante el período de probation.

El fiscal Augusto Barros explicó que mientras la probation esté vigente —establecida por un año— la causa queda suspendida. En caso de incumplimiento por parte de alguno de los acusados, el juicio se reabrirá de manera automática. Esta modalidad permite un equilibrio entre la sanción económica y la contribución comunitaria, evitando el desgaste de un proceso judicial prolongado.

La decisión judicial fue respaldada por el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y la propia OSEP, quienes aprobaron el acuerdo presentado por los abogados de los profesionales. Según el acuerdo, el pago de los $15 millones servirá como reparación de daños al organismo estatal, mientras que las tareas comunitarias buscan recuperar la confianza de la población en los servicios médicos públicos.

El caso había generado gran expectativa mediática y social, dado que se trata de órdenes médicas falsas emitidas en el marco de la obra social provincial. Durante más de una década, la investigación buscó determinar la responsabilidad de los médicos y el impacto económico y sanitario de las irregularidades. La aceptación de la probation cierra un capítulo judicial largo y permite garantizar una reparación parcial del daño sin llegar a un juicio penal completo.

La resolución marca un precedente respecto a la aplicación de medidas alternativas al juicio en casos donde se busca combinar reparación económica y compromiso social, especialmente cuando el proceso judicial podría extenderse varios años más y generar costos adicionales al Estado.

Las tareas comunitarias asignadas incluirán atención en postas sanitarias y centros de salud de barrios, bajo supervisión del Ministerio de Salud y la OSEP, con el objetivo de mejorar la asistencia a la población y fomentar la responsabilidad profesional y ética de los médicos involucrados.

Con la medida, los acusados evitan enfrentar un juicio penal que podría resultar en condenas más severas, pero asumen compromisos concretos de reparación económica y social, lo que representa un intento del sistema judicial de equilibrar justicia, eficiencia y beneficio comunitario.