El avance de la causa por el homicidio de Juan Carlos Rojas sumó este jueves un capítulo de alta tensión política y judicial en la provincia. Tras la audiencia encabezada por el fiscal Hugo Costilla, el abogado de la familia Rojas, Iván Sarquís, confirmó que el exintendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, compareció ante la Fiscalía General en calidad de testigo.
Durante una exposición que se extendió por cerca de dos horas, Guaraz ratificó íntegramente los términos y conceptos que previamente había divulgado a través de sus redes sociales. Según explicó el letrado, el exjefe comunal sostuvo cada una de sus afirmaciones con firmeza, sin introducir modificaciones ni retractarse de sus versiones originales, respondiendo a los interrogantes formulados tanto por la querella como por la defensa y el Ministerio Público.
Para el abogado Iván Sarquís, la consistencia en el relato de Guaraz representa un punto de inflexión que obliga a replantear el alcance de las actuaciones actuales. El representante legal de la familia Rojas advirtió que estas declaraciones abren la necesidad imperiosa de ampliar la investigación y analizar detalladamente la viabilidad de eventuales nuevas citaciones. En este sentido, Sarquís fue claro al señalar que la querella evaluará la posibilidad de convocar a las máximas autoridades, una medida que deberá ser analizada en conjunto con el Ministerio Público y la Defensa para determinar su pertinencia procesal.
Respecto a la incorporación de elementos materiales, el letrado fue terminante al negar que se hayan sumado nuevas pruebas físicas al expediente tras la audiencia. Aclaró que la participación de Guaraz se limitó estrictamente a su relato testimonial y a la resolución de aclaraciones puntuales, sin que surgieran elementos de prueba distintos a los que ya eran de conocimiento público. No obstante, el valor de la declaración reside en la ratificación judicial de denuncias previas, lo que consolida una línea de indagación que la querella considera fundamental para el progreso del caso.
La gravedad de lo vertido en sede judicial trasciende el marco del expediente y adquiere una relevancia política significativa. Sarquís subrayó la dimensión institucional de las manifestaciones realizadas por el testigo, destacando que el hecho de que provengan de un exintendente les otorga un impacto institucional inusitado.
Por tal motivo, el abogado sostuvo que tales expresiones revisten una gravedad extrema y que, bajo ninguna circunstancia, pueden ser desestimadas por los investigadores si se busca alcanzar la verdad real.
En un cierre marcado por la exigencia de transparencia y compromiso judicial, el abogado insistió en que el esclarecimiento total del crimen es una deuda pendiente con toda la comunidad. Sarquís enfatizó que es indispensable saber qué ocurrió realmente con Juan Carlos Rojas, argumentando que si un homicidio de esta magnitud quedara sumido en la impunidad, la desprotección alcanzaría a toda la sociedad catamarqueña.
El planteo final de la querella fue una advertencia sobre la fragilidad del sistema de justicia ante crímenes de tal relevancia, cuestionando qué garantías quedarían para el resto de los ciudadanos si un caso de esta jerarquía no lograra resolverse satisfactoriamente.