El juicio por el caso de Solange Musse llega a su instancia final en los tribunales de Río Cuarto. Este lunes se llevarán a cabo los alegatos de las partes, tras lo cual el jurado popular dará a conocer el veredicto que resolverá si los funcionarios imputados son culpables o no de impedir la entrada a Córdoba de Pablo Musse, el padre de la joven.
En el banquillo están José Fernando Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó y referente del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) local; y Analía Morales, trabajadora social del hospital de Río Cuarto. Ambos fueron acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La querella sostiene que los imputados "desoyeron las excepciones humanitarias" previstas en los protocolos y que su decisión vulneró derechos básicos. Las defensas, en cambio, alegan que sus clientes no tuvieron responsabilidad directa en el operativo de control de Huinca Renancó y que se trata de una investigación con "falencias".
Durante las audiencias declararon exministros, médicos, policías y personal del COE. Algunos defendieron la aplicación estricta de los protocolos, mientras que otros admitieron que pudo haberse considerado alguna excepción.
La historia de Solange
Solange Musse tenía 35 años y vivía en Alta Gracia. Transitaba un cáncer de mama avanzado y murió el 21 de agosto de 2020 sin poder despedirse de su padre, que viajaba desde Plottier, Neuquén.
El 16 de agosto, en plena cuarentena, Pablo Musse fue detenido en el puesto sanitario de Huinca Renancó. Aunque contaba con permisos de circulación, no tenía el PCR exigido por Córdoba en ese momento. En su lugar le realizaron dos test rápidos que dieron positivo, aunque luego se comprobó que eran falsos.
Pese a que lo acompañaba su cuñada Paola Oviedo, mujer con discapacidad motriz residente en Alta Gracia, las autoridades no permitieron el ingreso. Ambos fueron escoltados de regreso a Neuquén, "encapsulados" por patrulleros y sin posibilidad de detenerse. Cinco días después, Solange falleció.
Lo que dejaron las audiencias
El exministro de Salud Diego Cardozo defendió la postura oficial al señalar que con un test negativo Musse podría haber ingresado por fuerza mayor, pero que con resultado positivo "el riesgo era enorme" ante el pico de contagios que atravesaba la provincia en agosto de 2020.
En esa línea, Juan Francisco Ledesma, exdirector del COE central, declaró desde prisión y sostuvo que "con test positivo y sin PCR, Musse no podía trasladarse a Alta Gracia".
Carlos Roberto Pepe, director del hospital de Río Cuarto, coincidió en que los protocolos solo contemplaban flexibilizaciones para emergencias médicas, no humanitarias, y destacó que Musse provenía de una "zona roja". Otros funcionarios, como el exsecretario de Gestión de Riesgos Claudio Vignetta, admitieron que pudo haberse evaluado una excepción, aunque defendieron que Córdoba no fue más estricta que otras provincias.
También declaró una sargento voluntaria del COE de Alta Gracia, que aseguró haber transmitido la información sobre la enfermedad de Solange y la discapacidad de Oviedo, pero que la respuesta oficial siempre fue la misma: "Sin PCR negativo, no había autorización".
Con todas las pruebas incorporadas, este lunes será el turno de los alegatos del fiscal Alejandro Rivero y de las defensas. Luego, el jurado popular definirá si Andrada y Morales son responsables de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
