Causa AFA: declaran los presuntos testaferros de Pablo Toviggino
Un monotributista y su madre jubilada, señalados como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, realizan su descargo ante el juez Marcelo Aguinsky. La investigación busca determinar el verdadero origen de los fondos utilizados para adquirir una estancia valuada en 1,8 millones de dólares.

La causa judicial que investiga la presunta adquisición irregular de una mansión de lujo en Pilar, atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y mano derecha de su presidente Claudio "Chiqui" Tapia, sumó este lunes un nuevo capítulo clave. Los presuntos testaferros del dirigente deportivo se presentaron para realizar su descargo ante la Justicia, en el marco de un expediente que apunta a esclarecer el verdadero origen de los fondos utilizados para comprar la propiedad.

Se trata de Luciano Pantano, monotributista, y su madre Ana Lucía Conte, jubilada, quienes figuran formalmente como titulares de la sociedad que adquirió la estancia ubicada en el exclusivo barrio Ayres Plaza, en el partido bonaerense de Pilar. Ambos están citados a declarar mediante videoconferencia, en una audiencia dispuesta por el juez federal Marcelo Aguinsky, a cargo de la investigación.

La Justicia intenta determinar si Pantano y Conte actuaron como prestanombres en la operación inmobiliaria, cuyo valor fue fijado en 1,8 millones de dólares, una cifra que, según los investigadores, resulta difícil de justificar en función de los ingresos declarados por ambos.

Las declaraciones comenzaron a partir de las 11 de la mañana, en lo que el magistrado definió como una instancia de descargo. Aguinsky consideró que, por el momento, el expediente aún no cuenta con la totalidad de los elementos probatorios necesarios para formular una imputación formal, por lo que decidió escuchar la versión de los involucrados antes de avanzar en nuevas medidas procesales.

Los puntos clave de la investigación

La causa tomó estado público luego de que el legislador porteño de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso, difundiera documentación vinculada a la escritura de compra del inmueble. Según esos registros, la propiedad fue vendida por la empresa Malte SRL, vinculada a Mauro Javier Paz, exdirector de Fútbol Femenino de la AFA, y adquirida por Pantano y Conte a través de la firma Real Central SRL, actualmente bajo la lupa judicial.

De acuerdo a los documentos incorporados al expediente, la titularidad de la vivienda fue cambiando de manos dentro del mismo entorno familiar y societario. En una primera instancia, Luciano Nicolás Pantano figura como "propietario/residente" de la mansión, ubicada en los lotes 306 y 265 de Ayres Plaza, con fecha de titularidad del 4 de diciembre de 2021.

Sin embargo, ese registro se modificó con el tiempo. A partir del 4 de enero de 2023, el inmueble comenzó a figurar a nombre de Diego Fabián Pantano, quien también aparece bajo la categoría de "propietario/residente". Este corrimiento en la titularidad constituye uno de los ejes centrales del análisis judicial, ya que se investiga si estos cambios responden a una maniobra destinada a ocultar al verdadero dueño del bien.

A este entramado se suma un dato que para los investigadores resulta particularmente relevante: una hija de Pablo Toviggino también figura registrada como propietaria o residente de la misma vivienda en distintos momentos. Para la Justicia, este elemento refuerza la hipótesis de una vinculación directa entre el entorno de los Pantano y el tesorero de la AFA.

Un expediente de alto impacto

El caso genera especial interés por el perfil público del funcionario involucrado y por el contexto institucional de la AFA, una entidad que maneja importantes recursos económicos y que se encuentra bajo permanente observación pública. El objetivo central de la investigación es determinar si los fondos utilizados para la compra de la mansión provienen de actividades lícitas y si la estructura societaria utilizada tuvo como finalidad encubrir un presunto lavado de activos.

Mientras se aguarda el resultado de los descargos, el juez Aguinsky analiza la documentación incorporada y no descarta ordenar nuevas medidas de prueba en los próximos días. El avance de la causa podría tener derivaciones judiciales y políticas de alto impacto, en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas.