Cinco años se cumplen de la desaparición de Guadalupe Lucero, la niña que fue vista por última vez en la provincia de San Luis y cuyo caso continúa siendo uno de los episodios más conmocionantes y enigmáticos de los últimos años en Argentina. A pesar del tiempo transcurrido, de los múltiples operativos realizados y de la intervención de organismos provinciales y nacionales, la búsqueda sigue sin respuestas concretas sobre qué ocurrió aquella tarde del 14 de junio de 2021.
Guadalupe desapareció aproximadamente a las 19:20 horas en el Barrio 544 de la ciudad de San Luis. La menor se encontraba jugando en el patio junto a sus primos durante la celebración de un cumpleaños familiar cuando se perdió todo rastro de ella. Desde entonces, la investigación ha atravesado distintas etapas, hipótesis y líneas de trabajo, pero ninguna logró establecer con certeza qué sucedió con la niña.
Una causa que sigue abierta y sin certezas
En este nuevo aniversario, la causa registra movimientos recientes que volvieron a poner el foco sobre aspectos que, según la familia materna, no fueron abordados adecuadamente durante los primeros años de investigación.
Los avances más significativos de los últimos meses surgieron luego de que se conociera la imputación de Roque Lucero, abuelo paterno de Guadalupe, en una causa por abuso sexual de menores. A partir de esta situación, la familia materna comenzó a insistir en la necesidad de que la Justicia determine si existe algún tipo de relación entre esos antecedentes y la desaparición de la niña.
Frente a este escenario, la madre de Guadalupe decidió incorporar a la causa a la abogada Soledad Poma de Otaegui. La letrada impulsó distintos pedidos de pericias, estudios y análisis con el objetivo de profundizar la investigación y esclarecer qué ocurrió con la menor. Uno de los elementos que generó preocupación fue la revelación de que, durante su declaración en 2021, cuando se investigaba la desaparición de su nieta, Roque Lucero informó que tenía una causa en su contra por abuso de una menor de 8 años.
La abogada Poma de Otaegui sostuvo que la información no fue debidamente investigada. En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas señaló que el impacto en la familia materna fue enorme y cuestionó la falta de profundización sobre esos antecedentes.
"A la familia materna, impactó de una manera tremenda. Fue una omisión por parte del padre de Guadalupe que sabía sobre los dos casos. La madre me asignó como abogada de ella, accedí al expediente, y él -refiere al abuelo-, cuando declaró, informó que tenía una de las causas en su contra y no entiendo por qué se omitió la información. Es muy grave que no se haya investigado", expresó la letrada.
Posturas enfrentadas sobre las nuevas líneas de investigación
Mientras la familia materna considera indispensable que se investiguen todas las posibles conexiones derivadas de esos antecedentes, desde la otra parte rechazan cualquier vinculación.
Eric Zavala, abogado del padre de Guadalupe, descartó públicamente que exista relación entre la causa que involucra al abuelo paterno y la desaparición de la niña. "No desapareció la niña, sino que alguien, una o más personas, se la llevaron esa tarde", manifestó el letrado en declaraciones a medios locales.
Las distintas interpretaciones reflejan las tensiones que atraviesan una investigación que, cinco años después, continúa sin una hipótesis definitiva ni responsables identificados.
Reunión con autoridades nacionales y provinciales
En el marco del quinto aniversario de la desaparición, el jueves 11 de junio se realizó una reunión en el edificio del Ministerio de Seguridad de San Luis.
Del encuentro participaron la ministra de Seguridad provincial, Nancy Sosa; la directora Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual, María Ximena Albornoz; la coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SiFeBU), Paula Sánchez Ayala; y la madre de Guadalupe, Belén Lucero Cialone, Yamila Cialone.
Según informaron oficialmente, el objetivo fue escuchar a la madre de la niña sobre el desarrollo de la búsqueda desde el inicio de la investigación hasta la actualidad. La intención fue conocer en detalle el recorrido de la causa y evaluar herramientas disponibles que permitan reforzar las acciones destinadas a encontrar a Guadalupe.
Yamila Cialone concurrió acompañada por su abogada y valoró positivamente la instancia de diálogo generada con las autoridades. "El encuentro fue gratificante, me sentí bien y fui escuchada, que es lo importante. Hay muchas cosas que solo se saben por encima, y poder contar lo que realmente pasó es lo que me importa", expresó.
Recompensa, Alerta Sofía y búsqueda permanente
En paralelo a los recientes encuentros institucionales, se confirmó una medida destinada a fortalecer la búsqueda. El Gobierno de San Luis resolvió aumentar a 20 millones de pesos la recompensa para quienes aporten información que permita conocer el paradero de Guadalupe.
Además, continúa vigente el sistema Alerta Sofía, mecanismo que se activa en casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes considerados de alto riesgo. Actualmente se mantienen dos herramientas centrales para la obtención de datos:
• El Alerta Sofía, que sigue activo desde la desaparición de la niña.
• La recompensa de 20 millones de pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad Nacional.
Las autoridades reiteraron que cualquier persona que posea información relevante puede comunicarse al 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación, al 911 de la provincia de San Luis o acercarse a la dependencia policial más cercana.
Cinco años después de aquella tarde de junio de 2021, la desaparición de Guadalupe Lucero continúa sin respuestas. Mientras nuevas medidas buscan reactivar aspectos de la investigación y se revisan posibles omisiones ocurridas durante los primeros momentos de la causa, la incertidumbre permanece intacta y la búsqueda de la niña sigue siendo una prioridad para su familia y para los organismos que intervienen en el caso.