El futuro judicial y profesional de la jueza Julieta Makintach comienza a definirse este jueves en el anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, donde se inicia formalmente el juicio político que podría determinar su destitución del Poder Judicial. La magistrada, suspendida e investigada penalmente, está acusada de haber grabado sin autorización el documental "Justicia Divina", basado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
La audiencia, prevista para las 9 de la mañana, marca el inicio de un proceso de alto perfil institucional y mediático. Makintach fue una de las integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, que tenía a su cargo el enjuiciamiento de los ocho imputados por la muerte del exfutbolista. Su actuación en ese contexto quedó bajo la lupa luego de que trascendiera la existencia del proyecto audiovisual, cuya filmación habría ocurrido durante el desarrollo de aquel juicio.
El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por los abogados Agustín Grillo Ciocchini, Álvaro García Orsi, Mirta Daniela Greco, María Victoria Lorences y Fabián Ramón González, junto a los legisladores Ariel Martínez Bordaisco y Sergio Raúl Vargas (senadores), y los diputados Guillermo Ricardo Castello, Abigail Gabriela Gómez y Maite Milagros Alvado.
Por parte de la acusación, declararán como testigos los familiares de Maradona que presenciaron el juicio, además de varios abogados, periodistas y los jueces que integraban junto a Makintach el tribunal de San Isidro. Los primeros en brindar testimonio serán el fiscal Patricio Ferrari, tres policías que habrían permitido el ingreso de las cámaras a la sala de audiencias y Jorge Ignacio Huarte, realizador audiovisual vinculado al documental.
Del lado de la defensa, fueron citados cuatro exalumnos de la jueza y dos responsables de la productora encargada del rodaje. El abogado defensor, Darío Saldaño, criticó la celeridad del proceso: "Entiendo que el jury es muy apresurado, no hace cinco meses que se inició y hoy tenemos debate", señaló.
Saldaño presentó además una medida cautelar ante la Corte Suprema bonaerense para suspender la audiencia, aunque la presentación aún no fue resuelta. En sus declaraciones públicas, el letrado sostuvo que "la acusación no tiene sustento fáctico, sino consideraciones morales ajenas a la ley", y denunció que "confluyen intereses económicos y políticos" en el proceso.
Las claves del caso
La denuncia contra Makintach sostiene que la jueza habría impulsado la realización de "Justicia Divina" sin contar con la debida autorización institucional. De acuerdo con la acusación presentada por los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, la magistrada habría promovido y participado activamente en el proyecto audiovisual con la intención de obtener beneficios económicos, directos o indirectos, a partir de la difusión del juicio y de su rol como integrante del tribunal.
En paralelo al proceso político, Makintach enfrenta una investigación penal en la que está imputada por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionaria pública, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
La resolución de este juicio político será determinante para el futuro de la magistrada: si el Jurado de Enjuiciamiento la declara culpable, podría ser removida de su cargo de manera definitiva, sumando un nuevo capítulo a uno de los episodios más controvertidos derivados del caso Maradona.