La Justicia federal profundizó este martes una investigación por presunta corrupción y lavado de activos en el fútbol argentino, con allanamientos en la vivienda del empresario Javier Faroni y en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las medidas fueron ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, a partir de una presentación realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que tomó como base una investigación periodística publicada por el diario LA NACION en los últimos días.
Durante la madrugada, efectivos de la Policía Federal Argentina allanaron el domicilio de Faroni, ubicado en el barrio El Yacht, en Nordelta, mientras que horas más tarde el magistrado dispuso un procedimiento similar en la sede central de la AFA, sobre la calle Viamonte, con el objetivo de secuestrar documentación vinculada a contratos firmados con la empresa TourProdenter.
Previamente, el empresario había sido interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Uruguay. Según confirmaron fuentes judiciales, Faroni fue notificado de una prohibición de salida del país, en el marco de la causa en curso. "Faroni estuvo unas horas en Buenos Aires y estaba regresando a Uruguay. El allanamiento está en curso y su esposa no se encontraba en la vivienda", indicó una fuente vinculada a la investigación.
Faroni está estrechamente vinculado al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y es socio, junto a su esposa Erica Gillete, de la empresa TourProdenter, una firma que, de acuerdo con la investigación judicial y periodística, habría acumulado más de 260 millones de dólares en bancos de Estados Unidos durante los últimos cuatro años, a partir de contratos celebrados con la entidad madre del fútbol argentino.
Según reveló LA NACION, solo una parte de esos fondos se habría destinado efectivamente a financiar actividades institucionales de la AFA, tanto en el país como en el exterior. El resto del dinero habría sido canalizado a través de un entramado de sociedades offshore, al menos 42 millones de dólares, que terminaron en cuatro empresas radicadas en el estado de Florida, en Estados Unidos.
Las firmas señaladas —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC— presentan características que despertaron sospechas en los investigadores: no cuentan con empleados registrados, no declaran actividad comercial y están a nombre de personas de nacionalidad argentina que residen en Bariloche, algunas de las cuales figuran como empleados en relación de dependencia, beneficiarios de viviendas sociales o con antecedentes de ejecuciones comerciales y fiscales. En uno de los casos, incluso, se trata de una persona que fue declarada en quiebra con presunción de fraude.
La investigación se enmarca en una causa más amplia que ya había tenido avances en los últimos meses. El juez Armella lleva adelante el expediente en el que se investiga a la empresa Sur Finanzas, dentro del cual ya se habían realizado allanamientos en la sede de la AFA y en alrededor de 18 clubes del fútbol argentino. La intervención de la Procelac, a cargo del fiscal Diego Velasco, permitió ampliar el alcance del expediente y poner el foco en el vínculo entre TourProdenter y las sociedades offshore mencionadas.
"De acuerdo a lo consignado en la citada investigación, el origen de estos fondos provendría de la recaudación de activos institucionales de la AFA en el extranjero, específicamente de contratos con patrocinadores globales y derechos de transmisión que, en lugar de ingresar a las cuentas oficiales de la entidad, habrían sido derivados a este entramado offshore", señala la presentación incorporada a la causa.
Faroni cuenta con un extenso recorrido en el ámbito público y privado. Fue director de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández y se desempeñó como diputado bonaerense por el Frente Renovador, el espacio político liderado por Sergio Massa.
Con los allanamientos en marcha y la documentación secuestrada bajo análisis, la causa abre un nuevo capítulo que podría tener fuertes implicancias judiciales e institucionales para la conducción del fútbol argentino, mientras la Justicia avanza en el seguimiento del rastro del dinero y las responsabilidades penales correspondientes.