El asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de apenas 15 años, ha sumado un nuevo y complejo capítulo judicial en la ciudad de Santa Fe que cambia el foco de la responsabilidad hacia el entorno adulto. Este jueves, el fiscal Francisco Cecchini, encargado de la instrucción, dio un paso determinante al imputar a la madre de la única adolescente de 16 años detenida por el caso. La mujer quedó bajo prisión preventiva luego de que la fiscalía presentara evidencia sólida que sugiere un rol activo y planificado en la logística posterior al homicidio, una situación que trasciende el mero encubrimiento familiar.
La resolución judicial se asienta sobre una distinción técnica fundamental del Código Penal Argentino que resulta clave para entender la imputación. Habitualmente, la ley nacional no castiga el encubrimiento cuando un padre ayuda a un hijo que ha delinquido, priorizando el lazo filial sobre el deber de justicia. Sin embargo, la estrategia del fiscal Cecchini ha logrado sortear este obstáculo legal al detectar que no se trató de un auxilio espontáneo derivado del afecto, sino de una promesa previa de ayuda. Según el funcionario, existe un alto grado de certeza de que la mujer conocía las intenciones de los menores y se comprometió a cooperar para garantizar la impunidad del hecho antes de que este se consumara.
La evidencia y la sospecha de premeditación
Durante la audiencia imputativa, el Ministerio Público de la Acusación desplegó elementos probatorios que resultaron contundentes para el magistrado. El punto central de la acusación fue la exhibición de un video en el que se registra el encuentro de la mujer con los tres menores implicados en el crimen. Aunque la imputada no negó su presencia en el lugar ni las imágenes capturadas, el fiscal destacó que las características, la forma en que se dio el encuentro, y los tiempos y movimientos previos y posteriores llevan a entender que todo estaba previsto desde antes y debidamente pautado.
Para la fiscalía, el grado de sospecha es sumamente alto porque las acciones detectadas fueron posteriores al hecho para descartar elementos probatorios, pero bajo un acuerdo previo. Por este motivo, la acusación formal contra la mujer es de partícipe secundaria del crimen, una figura que le endilga un delito con una pena en expectativa que oscila entre los 10 y 15 años de cárcel. El fiscal Cecchini subrayó ante la prensa que aún queda prueba por producir, incluyendo pericias técnicas destinadas a confirmar o descartar si existieron comunicaciones previas entre la mujer y los menores, o incluso con otras personas involucradas, para terminar de comprender el móvil del feroz ataque.
La teoría del caso describe un escenario de horror y traición meticulosamente orquestado por jóvenes. La hija de la ahora detenida, una joven de 16 años, está acusada de ser quien citó a la víctima y lo llevó a donde estaban los otros dos chicos de 14 años para consumar el ataque. Cabe destacar que estos dos últimos jóvenes son legalmente inimputables debido a su edad. La adolescente de 16 años, por su parte, enfrenta cargos por homicidio triplemente agravado, una calificación que responde al concurso premeditado de dos o más personas, el aprovechamiento de la indefensión de la víctima bajo la figura de alevosía y el ensañamiento en la ejecución del acto.
La brutalidad del hecho alcanzó su punto máximo al conocerse que uno de los menores filmó el asesinato. Ante la difusión de este material, el fiscal Cecchini hizo un llamado urgente para que la sociedad se apiade de los padres que están sufriendo y evite que se multipliquen esas imágenes en redes sociales. El funcionario reconoció que el impacto del caso es profundo, no solo por la muerte de un chico de 15 años, sino por el hecho de que los autores hayan sido también menores, lo que multiplica el horror. La prisión preventiva de la madre se justificó no solo por la gravedad del hecho, sino también por el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento de una causa que aún busca esclarecer todas las aristas de un crimen que ha conmocionado a la provincia.