La investigación por el crimen de Erika Antonella Álvarez, la joven de 25 años hallada sin vida en un basural de San Miguel de Tucumán, sumó en las últimas horas un dato clave tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia, que confirmaron que la víctima fue asesinada con una violencia notable.
De acuerdo con el informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense y remitido a la Unidad Fiscal de Homicidios, a cargo de manera subrogante de María del Carmen Reuter, la causa de muerte fue un traumatismo craneofacial grave acompañado de una luxación cervical.
Los peritos detallaron que Erika presentaba golpes contundentes y severos en la cabeza y el rostro. A ello se sumó una lesión letal en las vértebras del cuello, lo que refuerza la hipótesis de un ataque de extrema violencia previo al descarte del cuerpo en un predio de residuos del barrio Manantial Sur.
Tras el hallazgo, intervino el Ministerio Público Fiscal, que activó el protocolo correspondiente. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, mientras que distintas divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) trabajaron en el lugar para la recolección de pruebas y muestras biológicas.
En medio del operativo, familiares de la víctima se presentaron en la escena luego de tomar conocimiento del hallazgo a través de las redes sociales. El padre y una hermana lograron identificar el cuerpo mediante tatuajes y señas particulares.
De este modo, se confirmó que se trataba de Erika, una joven que residía en la zona y que permanecía desaparecida desde hacía 48 horas. Según las estimaciones preliminares de los investigadores, el crimen se habría producido entre 36 y 40 horas antes del hallazgo.
Los familiares no habían radicado una denuncia por desaparición, ya que, según indicaron, la joven solía ausentarse de su domicilio de manera habitual.
El caso generó una fuerte conmoción en Tucumán y volvió a encender la alarma en toda la región del NOA, donde hechos de violencia extrema contra mujeres mantienen en vilo a la sociedad y reavivan el debate sobre la prevención, la respuesta judicial y el acompañamiento a las víctimas, una preocupación que también atraviesa a Catamarca.