La Justicia de la provincia de Río Negro dictó una sentencia de fuerte impacto humano y jurídico al anular la paternidad legal de un hombre que durante años ejerció el rol paterno de una niña, a quien sostuvo afectiva y económicamente, luego de que una prueba de ADN confirmara que no existía vínculo biológico entre ambos. El fallo, emitido en el ámbito del Juzgado de Familia de la Segunda Circunscripción, ordenó además la rectificación del acta de nacimiento y estableció que la menor lleve únicamente el apellido materno.
La resolución puso en el centro del debate el derecho a la identidad y el interés superior del niño, principios que guiaron la decisión judicial y que, según se desprende de la sentencia, deben prevalecer frente a situaciones formales previas cuando la realidad biológica resulta acreditada de manera concluyente.
El origen del caso: una confesión y una decisión judicial
El caso se desencadenó tras una confesión de la expareja del hombre, quien reveló la verdadera identidad del progenitor biológico de la menor. A partir de esa revelación, el hombre inició una acción judicial con un doble objetivo:
Impugnar la filiación legal vigente.
Garantizar que la niña pudiera conocer su origen real.
La presentación fue realizada ante el Juzgado de Familia de la Segunda Circunscripción, dando inicio a un proceso que combinó aspectos íntimos y jurídicos de alta sensibilidad. Hasta ese momento, el hombre figuraba legalmente como padre y había cumplido ese rol durante años, no sólo en términos formales sino también en el plano afectivo y económico.
De la sospecha al resultado científico
Según trascendió en la causa, las dudas del hombre no eran recientes. Desde hacía tiempo mantenía sospechas vinculadas a una condición personal de infertilidad, circunstancia que alimentaba interrogantes sobre la posibilidad biológica de haber engendrado a la niña. Sin embargo, pese a esas sospechas, había decidido asumir el rol paterno y criarla como propia.
El punto de inflexión llegó con la pericia genética ordenada por la jueza interviniente. La prueba de ADN, incorporada al expediente como elemento central de convicción, arrojó un resultado categórico: no existía compatibilidad biológica entre el hombre y la menor.
Tras conocerse el informe pericial, la madre aceptó la prueba genética y prestó conformidad para avanzar con la resolución judicial. Este consentimiento permitió despejar controversias adicionales y facilitó la definición del proceso.
El derecho a la identidad como eje rector
En la sentencia, la magistrada dispuso la exclusión del vínculo legal de paternidad y ordenó al Registro Civil la rectificación del acta de nacimiento de la niña, estableciendo que en adelante lleve únicamente el apellido materno.
Entre los fundamentos centrales del fallo se destacó:
La protección del interés superior del niño.
La necesidad de resguardar el derecho de la menor a una filiación acorde a su realidad biológica.
La jerarquía constitucional del derecho a la identidad, que debe prevalecer frente a situaciones formales previamente establecidas.
El pronunciamiento subrayó que el derecho a la identidad no es un principio abstracto, sino una garantía concreta que exige que la filiación legal refleje la verdad biológica cuando ésta puede ser determinada con certeza científica.
El peso probatorio del ADN en los procesos de filiación
La resolución también enfatizó la relevancia de la prueba de ADN en los procesos de filiación, destacando su alto grado de precisión y valor probatorio. En este caso, el resultado genético fue determinante para descartar toda compatibilidad biológica y, en consecuencia, para sustentar la decisión judicial.
El fallo reconoció así el papel central de la evidencia científica en la resolución de conflictos filiatorios, particularmente cuando existen dudas fundadas y la posibilidad de obtener una respuesta concluyente mediante pericia genética.