La Justicia de Goya, Corrientes, determinó que Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, es culpable de estafa y asociación ilícita, junto a otros tres implicados en la organización que se presentaba como una academia de coaching financiero y fintech.
El fallo también alcanzó a Maximiliano Javier Batista, Miguel Ángel Echegaray y Lucas Damián Camelino, mientras que Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina fueron absueltos.
El monto de la condena aún no se ha definido, pero se espera que se anuncie la próxima semana. De confirmarse una pena efectiva, Cositorto volvería a la prisión de Bower, en Córdoba, donde estuvo detenido previamente. Además, deberá enfrentar otras causas judiciales en su provincia natal, relacionadas con el esquema fraudulento.
Tensión en la audiencia: Cositorto expulsado de la sala
El juicio tuvo un giro dramático cuando, momentos antes del veredicto, Cositorto protagonizó un fuerte cruce con el juez Ricardo Carbajal. Durante la exposición del magistrado, el acusado interrumpía constantemente con comentarios despectivos, lo que llevó al juez a ordenar su expulsión inmediata.
"¡Pónganle las esposas y sáquenlo de la sala!", ordenó Carbajal en medio de la audiencia.
Mientras los policías retiraban al empresario, Cositorto gritó acusaciones de corrupción contra el tribunal, asegurando que el fallo era una injusticia: "Está mintiendo. Es una vergüenza. ¡Ustedes están comprados!", sostuvo.
A lo largo del juicio, el líder de Generación Zoe insistió en su inocencia, negando que su organización fuera un esquema Ponzi y asegurando que "los afectados representan solo el 7% de la compañía". También culpó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) por el colapso de su empresa, alegando que el Gobierno bloqueó fondos y le impidió continuar con los pagos.
Cómo operaba la estafa piramidal de Generación Zoe
El juicio contra Generación Zoe dejó en evidencia un esquema fraudulento basado en promesas de altos rendimientos financieros, captando inversores bajo el paraguas del coaching y las criptomonedas.
La fiscalía, representada por Rubén Barry y María Eugenia Ballará, presentó pruebas contundentes que demostraron que la organización era una fachada para cometer estafas reiteradas. Según la acusación, los imputados prometían rentabilidad garantizada a cambio de depósitos en efectivo, pero nunca cumplieron con los pagos, dejando a sus víctimas sin respuestas.
El abogado querellante, Pablo Andrés Fleitas, reforzó esta versión y solicitó penas severas para los acusados. Explicó que la estafa se sostenía gracias a promociones mensuales, diseñadas para atraer nuevos inversores y ocultar el colapso del sistema piramidal.
La defensa de Cositorto, por su parte, intentó desacreditar las acusaciones, argumentando que no se presentaron pericias contables que demostraran el fraude. Según el imputado, los contratos simplemente no pudieron cumplirse debido a la intervención de la CNV.
El impacto de la estafa y la reacción de las víctimas
El caso Generación Zoe dejó cientos de damnificados y puso en jaque al mundo de las inversiones digitales y el coaching financiero. La estafa se extendió por varias provincias argentinas y países de Latinoamérica, con miles de personas atrapadas en la promesa de obtener altos rendimientos sin riesgos.
Según los 98 denunciantes que llevaron a Cositorto ante la Justicia, las víctimas invirtieron sumas significativas de dinero, confiando en los esquemas de inversión presentados por la empresa. Sin embargo, al momento de cobrar sus supuestas ganancias, la organización dejó de responder, alegando bloqueos financieros y problemas con la regulación.
El juicio contra Generación Zoe marca un precedente en la lucha contra los fraudes financieros y las falsas promesas de inversión en plataformas fintech.
Una sentencia clave contra las estafas piramidales
El fallo de la Justicia contra Leonardo Cositorto y Generación Zoe es una advertencia para todos aquellos que buscan invertir en esquemas que prometen ganancias exorbitantes sin riesgo.
Si bien la condena definitiva se anunciará en los próximos días, la declaración de culpabilidad representa un paso importante para las víctimas, quienes esperan recuperar al menos una parte de su dinero.
Este caso también deja en evidencia la necesidad de mayor regulación en el sector fintech y la importancia de realizar investigaciones previas antes de invertir en plataformas que ofrecen retornos poco realistas.