Esta mañana, se formalizó una denuncia por supuestas amenazas de muerte y aprietes a miembros de un jurado popular en el marco de una causa por abuso sexual.
Según trascendió, el juez director Marcelo Soria, el fiscal de cámara Miguel Mauvecín y la defensora Daniela Faerman realizaron formalmente la denuncia correspondiente por los hechos de público conocimiento que tuvieron lugar durante el debate de una causa de abuso sexual sometida al procedimiento de juicio por jurados.
Si bien la investigación inició de manera inmediata al conocerse las denuncias realizadas por miembros del jurado que aseguraron ser molestados por personas allegadas al imputado, con este acto se colabora con dicha investigación aportando más información al fiscal encargado, Dr. Facundo Barros Joratt.
Al respecto, el fiscal Mauvecín explicó ante la prensa que "entendemos que ante el estancamiento del juicio y las irregularidades que pasaron y la actitud de la defensa que tuvo el dato de los jurados días antes"
Además, señaló que hubo dos posibles personas del jurado que habrían manifestado que fueron contactados aparentemente por el juicio, hecho que el fiscal acusó que generó un estancamiento.
Por otro lado, se refirió a la preocupante situación que la defensa tuvo el listado del posible jurado, siendo los únicos que tuvo acceso a esos datos, cree que es necesario que el fiscal investigue las irregularidades ya que personas de esa lista fueron contactados por personas relacionadas con el imputado.
En este sentido, el fiscal Mauvecin sostuvo que ante la posibilidad de otras personas del jurado podrían haber sido contactadas, se debe realizar una investigación de forma urgente.
En tanto, explicó que el Ministerio fiscal insiste en el riesgo procesal por lo cual el imputado debería de seguir detenido. "Podría tratar de intentar de entorpecer la investigación. De hecho ya lo estaba haciendo a través de su hermana, y una vecina amiga de su madre que en el juicio declaró ser su amiga, y cuya hija se habría contactado con los jurados" denunció.
El Poder Judicial asegura la reserva y la integridad de las personas que conforman los jurados populares en cada causa, tomándose medidas inmediatas que los protegen íntegramente durante cada debate.