Mientras la familia de los hermanos Augusto Joel -28- y Merceditas Sosa Soler -22- buscan, a través del abogado del fuero local Pedro Vélez, constituirse en el expediente penal como parte querellante, el jefe del operativo policial llevado a cabo la madrugada del primero de enero en el local bailable Wika, en la zona del Jumeal, subcomisario Mamaní, denunció a la madre de los jóvenes, presuntas víctimas de apremios ilegales, por amenazas.

Se trata de la Dra. Silvia Soler de Sosa, quien se desempeña como secretaria de la Cámara Penal de Segunda Nominación del Poder Judicial de la provincia, a quien el subcomisario, según pudo saber LA UNIÓN de voceros judiciales, la denunció en la Unidad Judicial N°5 porque lo habría amenazado a él y al personal policial a su cargo.

El hecho por el que es denunciada la funcionaria judicial habría tenido lugar la mañana del domingo primero de enero entre las 6:40 y las 07:20 aproximadamente, en circunstancias en que la acusada se hizo presente en las instalaciones de la Comisaría Quinta, minutos después de que arribara al lugar el móvil policial trasladando a sus dos hijos por 'desobediencia policial'.

A la dependencia la abogada había llegado acompañada de otros familiares, quienes habrían insultado y denigrado al personal policial exigiendo la libertad de los hermanos, la que fue luego otorgada previa comunicación telefónica por el fiscal Jonathan Felzstyna, sin que se le practicara a estos el examen médico de rigor.

De la denuncia se desprende, según lo trascendido, que la funcionaria judicial habría amenazado al jefe del operativo cuando este habría intentado explicarle el motivo por el cual sus hijos habían sido arrestados, además de hacerle mención a que usaría sus influencias políticas para 'que los echen' de la fuerza de seguridad.

La denuncia ahora será girada al fiscal Jonathan Felzstyna, quien tiene a su cargo la investigación del caso en la que tanto la policía como los hermanos protagonistas del incidente efectuaron denuncias cruzadas.

Malestar policial

Por otra parte, el incidente -que tomó mayor trascendencia pública por tratarse de los hijos de una funcionaria del poder judicial de la provincia-, no solo desencadenó denuncias cruzadas entre los protagonistas, sino que también generó un malestar interno en las filas de la fuerza de seguridad, es que ayer se conoció que la familia Soler Sosa habría recibido un llamado telefónico de la propia ministra de la cartera de seguridad de la provincia, Fabiola Segura, supuestamente solidarizándose por lo sucedido y manifestándole que los responsables serán castigados.

Cabe recordar que el día lunes, Asuntos internos dependiente del ministerio que dirige Segura solicito a la Jefatura de la Policía todo lo actuado en relación al hecho iniciándosele de manera inmediata el sumario administrativo al personal policial denunciado. Asimismo, el jefe de la policía Ángel Agüero, en declaraciones a radio Valle Viejo, reconoció que hubo "exceso" en el protocolo de arresto y resolvió trasladar a las dos policías del cuerpo de infantería a otra dependencia policial.

El proceder de la ministra de Seguridad no fue tomado a bien por los efectivos policiales, quienes hicieron sentir su descontento por el accionar de quien debería velar por sus derechos y su trabajo. Según explico un policía al ser consultado por este diario, quien por razones obvias pidió el resguardo de su identidad, el descontento no es porque la ministra se haya comunicado y solidarizado con los padres de los jóvenes –lo que a su entender está bien, pero debería hacerlo en todo los casos y no solo porque se trata de “hijos de”-, sino por no haber hecho lo mismo con el personal denunciado o, al menos, con el resto del personal que participó del operativo.

El descontento en las filas policiales es tal, que ayer ya se hablaba en los diferentes grupos de no cubrir más servicio adicionales en los eventos masivos, donde la vedette es el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y los desmanes entre los propios concurrentes son la moneda corriente. 

Como el servicio de adicional es un servicio extra por el cual el policía elige o no realizar y por el cual recibe una remuneración, los mismos no podrían, en principio, ser obligados a cumplir dicha función, salvo que, por una directiva superior, se ordene el “recargo del personal”; aun cuando el servicio de seguridad en el boliche podría ser llevado adelante por seguridad privada.