El caso del Hospital Neonatal de Córdoba, donde 13 bebés murieron o sufrieron graves descompensaciones, tomó un giro crucial gracias a Francisco Luperi, el ingeniero que denunció los hechos y destapó un presunto escenario de negligencia y crímenes en serie. Este episodio, que involucra a una de las instituciones médicas más importantes de la región, sigue conmocionando al país mientras avanza el juicio en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación.
La cronología de un escándalo sanitario sin precedentes
El 18 de marzo de 2022 marcó el inicio de una serie de tragedias con la muerte del bebé Francisco Calderón Cáceres. Este evento, inicialmente aislado, fue seguido por otras muertes y lesiones inexplicables en el mismo centro médico hasta el 7 de junio de ese año. A pesar de la gravedad de los hechos, la denuncia formal no llegó hasta el 4 de julio, cuando Luperi decidió actuar.
Según el testimonio del ingeniero, su esposa, la anestesióloga Virginia Zamora, comenzó a compartirle información sobre los incidentes, que inicialmente eran tratados como "anécdotas tristes". Sin embargo, la acumulación de casos despertó sospechas más profundas. Los rumores en los pasillos hablaban de muertes inexplicables, uso indebido de potasio y señales de pinchazos en los bebés.
"Era un tema de vidas humanas": la decisión de denunciar
Francisco Luperi y su esposa tomaron la determinación de llevar el caso ante la Justicia. Según el ingeniero, la denuncia fue presentada por él para proteger a Zamora, quien trabaja en el hospital. Este acto lo convirtió en el primero en señalar formalmente las irregularidades, mientras otros empleados y funcionarios permanecieron en silencio.
El abogado Carlos Nayi, representante de las madres afectadas, reconoció la valentía de Luperi al calificarlo como "un héroe", destacando la importancia de su declaración en la búsqueda de justicia para las familias.
Irregularidades y negligencias en el hospital
El juicio también expone graves fallos en el control interno del Hospital Neonatal. Según varios testigos, las ampollas de potasio, señaladas como posibles instrumentos del crimen, no estaban bajo un control estricto. Los registros de inventario eran deficientes, y cualquier persona podía acceder a estos medicamentos, un hecho confirmado por empleados del área de Farmacia.
Virginia Zamora, al declarar, cuestionó las versiones que señalaban una posible confusión entre potasio y vitamina K, y refutó la hipótesis de contaminación en las cunas. Su testimonio subraya la falta de supervisión en el manejo de insumos críticos, algo que pudo haber contribuido a las tragedias.
Testimonios desgarradores y careos decisivos
El juicio también incluye testimonios de madres afectadas, como Damaris Bustamante, quien denunció el maltrato recibido tras la muerte de su hijo. Según su relato, tanto la exdirectora Liliana Asís como el exsubdirector Alejandro Escudero Salama intentaron disuadirla de formalizar una denuncia, mientras que la psicóloga Carola Dunayevich le hizo comentarios insensibles que agraviaron aún más su dolor.
Este jueves concluyó la tercera semana del juicio, con declaraciones de testigos y peritos que continúan revelando detalles clave sobre el caso.
La importancia de la justicia en un caso que marcó a Córdoba
El caso del Hospital Neonatal de Córdoba no solo expone fallos en la gestión sanitaria, sino que también subraya la importancia de actuar con rapidez y transparencia frente a sospechas de irregularidades. La valentía de Francisco Luperi y Virginia Zamora destaca en medio de un escenario donde muchos optaron por callar.
A medida que el juicio avanza, la esperanza de las familias afectadas se centra en obtener respuestas claras y justicia para los 13 bebés que perdieron la vida o sufrieron descompensaciones inexplicables.
Este caso es un llamado de atención a las instituciones de salud y al sistema judicial. La transparencia, la supervisión y el compromiso con la verdad son esenciales para evitar que tragedias como esta se repitan. La búsqueda de justicia continúa, y la sociedad permanece atenta a que las autoridades no defrauden a las víctimas ni a sus familias.