La fiscal de Instrucción N°7, Paola González Pinto, titular de la Secretaría Especializada en Ciberdelitos, cerró la etapa investigativa y elevó a juicio una compleja causa por estafas reiteradas cometidas a través del uso fraudulento de tarjetas de débito y crédito. Los hechos, que tuvieron lugar entre enero de 2022 y febrero de 2023, implican un perjuicio económico significativo y exponen una red delictiva articulada desde el interior del Correo Argentino.
Entre los imputados se encuentra Paulo Domingo Silva, empleado de la empresa estatal, quien presuntamente aprovechó su rol como cartero para interceptar tarjetas bancarias destinadas a sus legítimos titulares. Lo acompañan en la acusación Sebastián Mario Carabajal y Sandra Estefanía González, sindicados como sus cómplices en la maniobra.
La investigación se inició a raíz de múltiples denuncias realizadas por las víctimas. La fiscalía llevó adelante una serie de medidas probatorias que incluyeron declaraciones testimoniales, informes bancarios y pericias realizadas por la División Ciberdelitos del Departamento de Investigaciones Judiciales, además de allanamientos en los que se secuestraron elementos clave para la causa.
Un patrón de fraude sistemático
Según la acusación, los imputados realizaron al menos 95 operaciones fraudulentas, utilizando datos obtenidos de manera ilegítima para concretar compras en comercios físicos y virtuales, pagar servicios, realizar extracciones en cajeros automáticos y efectuar transferencias bancarias. Las maniobras combinaban consumos cotidianos con operaciones de mayor envergadura, ejecutadas mediante canales electrónicos.
El modus operandi quedó delineado con claridad a lo largo de la pesquisa: Silva se apoderaba de tarjetas de débito o crédito que debía entregar como parte de su labor en el Correo Argentino. Posteriormente, compartía los datos con Carabajal y González, quienes concretaban las operaciones desde la provincia de Tucumán.
Los cuatro hechos imputados
La causa detalla cuatro hechos principales en los que se sustenta la acusación:
Primer hecho: Silva interceptó una tarjeta de débito Nativa del Banco Nación. Carabajal y González utilizaron los datos para realizar compras en línea, generando un perjuicio de $974.687,48.
Segundo hecho: El mismo procedimiento fue aplicado con una tarjeta de débito MasterCard. Las operaciones ilícitas ascendieron a $53.266,73.
Tercer hecho: Se utilizaron datos de otra tarjeta, esta vez de crédito, para concretar consumos por $375.543,19.
Cuarto hecho: Una nueva tarjeta fue empleada para compras fraudulentas que totalizaron $166.919,67.
Las imputaciones
La fiscal González Pinto imputó a Paulo Domingo Silva como partícipe primario por los delitos de "estafa cometida mediante el uso no autorizado de los datos de tarjetas de débito y crédito de manera continuada", en concurso real.
Por su parte, Sebastián Mario Carabajal y Sandra Estefanía González fueron imputados como coautores de los mismos delitos.
Con la causa ahora elevada a juicio, se aguarda la fijación de la fecha para el inicio del debate oral, que permitirá esclarecer las responsabilidades penales de cada uno de los acusados en este esquema de ciberestafas que afectó a múltiples víctimas a lo largo de más de un año.