La provincia de La Rioja quedó envuelta en un escándalo que expuso una forma extrema de violencia de género digital, luego de que un grupo de jóvenes denunciara al propietario de varios departamentos por instalar cámaras ocultas en espacios íntimos. El caso, que salió a la luz tras el testimonio de una de las inquilinas, abrió una investigación judicial que ya analiza miles de archivos de video y evalúa la posible existencia de más víctimas.
La primera denuncia fue realizada por una estudiante, identificada bajo el seudónimo "Ana", quien narró que el hallazgo se produjo de manera accidental. Según relató, mientras revisaba la ventilación de su dormitorio con la linterna del celular, notó "un brillo extraño" que llamó su atención. Al observarlo detenidamente, identificó la lente de una cámara oculta detrás de cinta negra, apuntando directamente a su cama. El temor aumentó cuando, en la memoria del dispositivo, encontró grabaciones personales que databan de noviembre.
Consternada por la situación, Ana alertó inmediatamente a otras jóvenes que residían en el mismo complejo. Al acompañar a una de ellas a revisar su departamento, descubrieron un panorama aún más inquietante: otra cámara idéntica apuntando a la cama y un tercer dispositivo preparado para ser instalado en el baño. Las denuncias coinciden en que el propietario alquilaba exclusivamente a mujeres y generaba un clima de confianza que, según las víctimas, funcionó como un factor clave para que el presunto delito pasara inadvertido.
La situación escaló rápidamente cuando las denunciantes accedieron al contenido almacenado en las cámaras. Entre los diferentes dispositivos hallaron más de 8.000 videos, distribuidos en múltiples memorias: "En una encontramos más de 4.700 archivos y en la mía más de 4.000", detalló Ana. Las cámaras estaban camufladas en ventilaciones, luminarias y paredes, ubicadas de manera estratégica para registrar momentos de intimidad y desnudez sin consentimiento.
Tras radicar la denuncia policial, la Justicia provincial intervino y la jueza de género a cargo del caso dictó medidas de protección para las jóvenes afectadas. En declaraciones públicas, la magistrada consideró que la instalación de cámaras en un dormitorio —un espacio legítimo de privacidad— constituye una violación grave a los derechos de las víctimas y carece de cualquier justificación legal.
Sin embargo, las jóvenes afirmaron que la respuesta institucional no fue inmediata. Ana sostuvo que pidió la detención urgente del acusado porque temían por su seguridad, pero les advirtieron que debían esperar. "Pasaron días sin novedades. No sabíamos qué podía hacer esa persona al verse descubierta", contó con angustia.
Por temor a represalias, ninguna de las inquilinas enfrentó directamente al propietario. En cambio, optaron por abandonar el lugar de manera inmediata y poner los hechos en conocimiento de las autoridades. "Nunca imaginé que una situación tan cotidiana como alquilar un cuarto pudiera exponerme así. Es un atropello a nuestra intimidad", expresó Ana.
El material secuestrado ya está siendo analizado por peritos especializados, quienes buscan determinar si las grabaciones eran consumidas de manera personal o si existía un fin extorsivo o comercial detrás del espionaje. En paralelo, la Justicia evalúa si otros departamentos pertenecientes al mismo propietario también estaban equipados con dispositivos similares.
Mientras la investigación avanza y se intenta reconstruir el alcance real del caso, las jóvenes afectadas continúan lidiando con las secuelas emocionales del episodio: miedo, vulnerabilidad, ansiedad y desconfianza en sus entornos cotidianos. El caso, que generó amplia repercusión social, reaviva el debate sobre la violencia digital contra mujeres y la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección.