La llegada a la Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido en el submundo delictivo como "Pequeño J", ha ingresado en una fase de espera técnica que podría extenderse por varios meses. El pasado 30 de enero, la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas de Perú otorgó finalmente la luz verde para su entrega, una decisión largamente esperada en el marco de la causa que investiga los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).
Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que la derivación efectiva del acusado recién podría concretarse en un plazo de uno o dos meses. Esta dilación no responde a un obstáculo interpuesto por el país andino, sino a una solicitud estratégica del juez federal Jorge Rodríguez. El magistrado busca que la extradición contemple el espectro máximo de los delitos investigados para evitar limitaciones procesales que podrían beneficiar al imputado una vez que se encuentre en suelo argentino.
Originalmente, la aprobación de la justicia peruana se centró en la presunta comisión del delito de homicidio agravado, cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y mediando violencia de género, en concurso real por los tres hechos. No obstante, el magistrado argentino advirtió que extraditar a Valverde Victoriano bajo una única figura penal pondría en riesgo la solidez de la causa.
Según señalaron fuentes del expediente, existen múltiples líneas investigativas que vinculan al acusado con delitos de narcotráfico y trata de personas, cargos que el juez Rodríguez pretende incluir formalmente en el pedido.
La advertencia desde los tribunales es clara: si el acusado fuera extraditado únicamente por el cargo de homicidio, la investigación posterior quedaría estrictamente limitada a ese delito, lo que podría derivar en la anulación de gran parte de la prueba reunida en su contra respecto a las otras actividades criminales. Por esta razón, la demora se presenta como una medida de seguridad jurídica indispensable para que el proceso no quede restringido y se pueda juzgar la totalidad de la estructura delictiva que rodea al caso.
Es fundamental destacar que esta situación no implica reiniciar el trámite de extradición desde su origen. Desde el entorno judicial aclararon que no se trata de una vuelta a cero, sino de una extensión necesaria de los plazos legales para permitir que el magistrado amplíe la acusación de manera formal ante las autoridades peruanas. Con esta maniobra, la Justicia argentina busca asegurar que "Pequeño J" rinda cuentas por todos los crímenes que se le atribuyen, garantizando que el juicio por el triple crimen de Florencio Varela se desarrolle bajo un marco legal completo y sin fisuras que permitan la impunidad en los delitos conexos.
