La Justicia federal avanzó este lunes en la investigación por el escándalo del fentanilo contaminado que provocó 96 muertes. Por orden del juez Ernesto Kreplak, se realizaron allanamientos en la sede central de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), en el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y en los domicilios particulares de siete funcionarios bajo sospecha.

Los operativos alcanzaron a la titular de la ANMAT, Agustina Bisio; la exdirectora del INAME, Gabriela Mantecón Fumado; la responsable de fiscalización y gestión de riesgo, Ana Laura Canil; la directora de poscomercialización, Mariela Baldut; y al jefe de inspectorado, Maximiliano Lalín, entre otros. Fuentes judiciales confirmaron que a todos se les secuestraron los teléfonos y documentación vinculada a la investigación.

Según la resolución, los procedimientos buscaron elementos probatorios sobre "las eventuales responsabilidades de la autoridad sanitaria derivadas de la fabricación, comercialización y falta de recupero del fentanilo HLB contaminado".

El caso ya había generado tensiones políticas dentro del Ministerio de Salud. Mientras Bisio fue respaldada públicamente por el ministro Mario Lugones, Mantecón Fumado fue apartada el 21 de agosto tras conocerse que un documento interno sobre el laboratorio Ramallo —proveedor exclusivo de HLB Pharma— no fue tramitado con la urgencia que requería.

La investigación se intensificó luego de que la fiscal federal Laura Roteta impulsara el expediente para determinar si existió "negligencia, connivencia o complicidad" de los organismos de control en la cadena que derivó en el desvío y comercialización del fentanilo contaminado.

Hasta el momento, la causa suma 17 imputados y 7 detenidos. El principal acusado es Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio donde se produjo el opioide adulterado, quien enfrenta cargos que podrían derivar en penas de hasta 25 años de prisión.