El caso del fentanilo adulterado que provocó decenas de muertes suma nuevos capítulos judiciales. El Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra HLB Pharma por operar de forma ilegal y presentar un certificado de habilitación municipal falso ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre).
La denuncia recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, en Comodoro Py. Según la presentación, la empresa intentó inscribirse para operar con sustancias químicas controladas adjuntando un documento supuestamente emitido por la Municipalidad de San Isidro. Tras verificarlo, el municipio negó haber otorgado esa constancia. La habilitación de la planta ya había sido revocada en mayo de 2025 por incumplimientos en seguridad y documentación técnica.
Paralelamente, en la causa que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak en La Plata, que investiga el suministro de fentanilo mortal, se sumaron nuevos querellantes: la Municipalidad de Rosario, el Ministerio de Salud de la Nación y el grupo empresario de Carlos Tita y Oscar Ruffinengo.
Rosario adquirió en febrero 300 ampollas de fentanilo marca HLB para el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Parte de esa medicación, presuntamente adulterada, habría provocado un brote de bacterias resistentes y está vinculada a la muerte de pacientes. El municipio también recordó que directivos de HLB Pharma habían sido imputados por la explosión del laboratorio Apolo en 2016, que dejó heridos y daños materiales.
El escrito presentado por el intendente Pablo Javkin denuncia irregularidades, negligencia y fallas sistémicas en el control estatal, lo que habría permitido la repetición de hechos riesgosos en el ámbito farmacéutico.
Otro querellante, el grupo empresario Tita-Ruffinengo, vendió en 2019 la droguería Alfarma a los hermanos García Furfaro —hoy dueños de HLB Pharma— por una suma equivalente a menos de 6 mil dólares, operación que califican como "una burla al sistema impositivo".
A pesar de que las muertes atribuidas al fentanilo adulterado ya superan las 70, no hay personas detenidas ni indagatorias en curso. La investigación avanza con múltiples frentes, pero las víctimas y sus familias siguen esperando responsables.
