La polémica causa de las coimas de los jueces camaristas Juan Pablo Morales y Raúl Da Pra, anunciado por La Unión digital, dio hoy un nuevo paso. Ahora Fiscalía de Estado se constituyó como querellante y solicitan se inicien las investigaciones tendientes a corroborar lo denunciado y que fue objeto de un gran revuelo en el ámbito judicial y político de la provincia.

Los graves hechos de corrupción por el que son acusados Morales y Da Pra se encuadrarían en el delito previsto y penado en el artículo 257 del Código Penal Argentino. Estos serían cohecho pasivo agravado y prevé una pena de prisión de 4 a 12 años e inhabilitación especial perpetua al magistrado del poder judicial o ministerio público que recibiera dinero o dádiva.