La investigación por el crimen de Diego Fernández Lima, el joven cuyos restos fueron hallados recientemente tras 40 años de su desaparición, sufrió un revés judicial. El juez Alejandro Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal N° 56, rechazó el pedido de citación a indagatoria contra Cristian Graf, principal sospechoso en la causa.
La solicitud había sido impulsada por el fiscal Martín López Perrando, pero el magistrado decidió no hacer lugar al pedido, argumentando que la acusación "no circunscribió de forma adecuada los hechos". Según la resolución judicial a la que accedió este medio, el juez considera que la imputación carece de la "calificación legal precisa" que exige el Código Procesal Penal de la Nación.
Litvack devolvió el expediente a la fiscalía para que "aclare los fundamentos de su imputación", un paso que, aunque no es un rechazo definitivo, obliga al fiscal a reformular la acusación si quiere avanzar sobre Graf, quien está imputado por encubrimiento agravado y supresión de evidencia.
Las pruebas y los argumentos de la fiscalía
El cuerpo de Diego Fernández Lima, que tenía 16 años al momento de su desaparición en 1984, fue descubierto el 20 de mayo pasado enterrado en el jardín de un chalet en el barrio porteño de Coghlan, linderas a la casa de la infancia de Gustavo Cerati. Las pericias del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmaron la identidad de los restos.
En su dictamen, el fiscal López Perrando sostuvo que, aunque no se ha podido determinar la autoría material del homicidio, las pruebas indican que la víctima "fue asesinada y ocultada" en la propiedad de Graf. El fiscal argumentó que el sospechoso realizó "diversas maniobras" para encubrir la verdad y desviar la investigación. Entre estas acciones, el escrito detalla que Graf se mostró preocupado por las excavaciones en un terreno lindero a su vivienda y ensayó distintas explicaciones sobre la presencia del cadáver, desde la existencia de una iglesia hasta la versión de que los restos llegaron de forma accidental con tierra de relleno.
Para el fiscal, la relación entre el acusado y la víctima, quienes fueron compañeros de escuela y compartían interés por las motos, sumada a las "coincidencias" del caso, confirman que Graf conocía la existencia del cuerpo en su propiedad.
Por su parte, el abogado de Graf, Martín Díaz, se mostró satisfecho con la decisión judicial. En declaraciones a este medio, el letrado afirmó que el pedido de indagatoria tenía "incongruencia entre la prueba aportada y la acusación, falta de nitidez y claridad en el pedido y orfandad probatoria".
Ante este escenario, la fiscalía deberá ahora reformular su solicitud, detallando con mayor precisión los hechos imputados, si busca que el principal sospechoso declare formalmente en el marco de la investigación.