Este viernes se desarrollará una audiencia de atribución de cargos en el expediente que investiga el crimen de Ian Cabrera, el adolescente de 13 años asesinado por un alumno armado en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, ubicada en la ciudad santafesina de San Cristóbal.
El caso, que generó una profunda conmoción por haberse producido dentro del ámbito escolar y en la antesala del izamiento de la bandera, quedó formalmente caratulado como "homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego", una calificación de máxima gravedad dentro del proceso.
La instancia judicial prevista para este viernes será determinante, ya que allí comenzará a definirse el futuro inmediato del menor implicado, quien actualmente tiene 15 años. Sin embargo, pese al avance procesal y a la gravedad del hecho investigado, la situación legal presenta una limitación central: la nueva Ley Penal Juvenil aún no entró en vigencia, por lo que el adolescente no es punible y no podrá ser juzgado.
El menor permanece bajo evaluación interdisciplinaria
Mientras avanza la investigación, el agresor se encuentra alojado en un instituto de seguridad de Santa Fe, donde es sometido a una evaluación a cargo de un equipo interdisciplinario, encargado de analizar su diagnóstico y las eventuales medidas a adoptar.
Entre las posibilidades que se analizarán en el marco de la audiencia aparece la eventual derivación a un establecimiento con "medidas curativas", una alternativa que quedará supeditada al resultado de las pericias y de la valoración integral de su situación.
Desde el entorno de los abogados Mariana y Néstor Oroño, quienes representan a los seres queridos del atacante, se indicó que el adolescente "está acompañado por su padre", un dato que marca el contexto familiar en el que atraviesa este proceso. Al mismo tiempo, desde el equipo legal de la familia del agresor señalaron que los padres del menor "llevan la situación como pueden", reflejando el impacto que el caso también tiene sobre el núcleo familiar del acusado.
Sin contacto con la familia de la víctima
Otro de los aspectos revelados por el entorno de los letrados es que, hasta el momento, "no se contactaron" con los familiares de Ian Cabrera, el estudiante asesinado.
La muerte del adolescente de 13 años provocó un fuerte dolor en la comunidad educativa y en la ciudad de San Cristóbal. Este martes, Ian recibió el último adiós, en una despedida marcada por la conmoción que dejó el ataque ocurrido en la escuela.
El hecho de que el crimen se haya producido antes del inicio formal de la jornada escolar, en el momento previo al izamiento de la bandera, profundizó el impacto social del caso y colocó el foco sobre la seguridad dentro del establecimiento.
Allanamientos en la vivienda y en el comercio familiar
En paralelo con la preparación de la audiencia, la investigación avanzó con una serie de allanamientos sobre propiedades vinculadas al adolescente implicado.
- El martes, la Policía de Santa Fe realizó el primer allanamiento en el domicilio donde el menor vivía con sus padres.
- El procedimiento se llevó a cabo a tan solo horas del ataque.
- El miércoles, se concretó un nuevo operativo en la misma vivienda.
- En esta segunda intervención participó la Policía Federal.
- Dentro del mismo terreno funciona un comercio perteneciente a la familia del chico, que también fue allanado.
Hasta el momento, las autoridades no informaron qué elementos fueron incautados durante estos procedimientos, por lo que ese aspecto de la pesquisa permanece bajo reserva.
Una investigación abierta
La causa atraviesa ahora una etapa clave, con la audiencia de este viernes como primer punto de inflexión institucional tras el crimen de Ian Cabrera.
Por un lado, la investigación ya avanzó con la imputación formal del menor bajo la figura de homicidio doloso agravado. Por otro, la legislación vigente impide que sea sometido a juicio, lo que desplaza la atención hacia las medidas de seguridad y eventuales abordajes curativos que puedan definirse.
En ese marco, la combinación de evaluaciones interdisciplinarias, allanamientos sucesivos y la falta de precisiones sobre los secuestros realizados mantiene abierta una causa que sigue generando conmoción, tanto por la edad de los involucrados como por el escenario en el que se produjo el ataque: una escuela y en plena actividad institucional.