La fiscal Paola González Pinto imputó por el delito de usurpación a las primeras tres personas que participaron en la ocupación de terrenos en Santa Rosa, departamento Valle Viejo. La medida se concretó luego de que la Fiscalía recibiera informes oficiales sobre la propiedad de los lotes ocupados, así como otras pruebas recolectadas durante la investigación.
Las tres personas citadas comparecieron en la tarde-noche del jueves en la Fiscalía General. Allí, asistidas por una abogada particular, decidieron abstenerse de declarar, tal como lo permite la ley. Desde la Justicia se informó que las indagatorias continuarán en las próximas horas y que se prevén nuevas imputaciones.
Cabe recordar que situación en Santa Rosa se había tornado crítica y compleja, ya que lo que comenzó a fines de mayo con la ocupación de un terreno cercano al barrio Tabacaleros por un pequeño grupo de familias, evolucionó en pocas semanas en un asentamiento masivo con más de 300 familias.
Las personas instaladas en el lugar vivían en condiciones de extrema precariedad, en construcciones improvisadas de plástico, cartón y tarimas. Pese al avance de las causas judiciales y a las bajas temperaturas producto de la ola polar, muchos ocupantes deciden mantenerse en el lugar con la esperanza de conseguir una respuesta habitacional por parte de las autoridades.
Imputaciones y retiro voluntario
Si bien todavía hay personas que permanecen en los terrenos, se confirmó que varias familias han optado por retirarse de manera voluntaria ante el riesgo de consecuencias penales. No obstante, desde la Justicia subrayaron que usurpar terrenos constituye un delito, y que se avanza con el proceso para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
La expansión del asentamiento y la compleja realidad social que atraviesan cientos de familias en Valle Viejo expone, una vez más, la problemática habitacional en Catamarca. El conflicto pone en tensión la urgencia de respuestas sociales y la obligación del Estado de resguardar la legalidad y la propiedad privada.
Por el momento, la Fiscalía continúa con las diligencias para identificar y citar a más personas vinculadas a la usurpación, mientras se espera que las autoridades provinciales y municipales puedan articular soluciones habitacionales que ayuden a contener la crisis social desatada.