El juicio que investiga la muerte de cinco recién nacidos y las presuntas lesiones de otros ocho en el Hospital Neonatal de Córdoba, ocurridas entre marzo y junio de 2022, ingresa en su recta final esta semana, con la presentación de los últimos alegatos de la defensa. Se espera que el veredicto sea emitido en las próximas semanas, tras meses de testimonios y análisis de pruebas que involucran a funcionarios, profesionales de la salud y autoridades provinciales.
Acusaciones y pedidos de penas más severas
Los fiscales de Cámara, Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini, confirmaron las imputaciones formuladas en la etapa de instrucción, aunque solicitaron la absolución de la neonatóloga María Alejandra Luján por el delito de falsedad ideológica, al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación en su contra.
En contraste, los cuatro abogados querellantes -Carlos Nayi, Nicolás Ruades, Daniela Morales Leanza y Ana Pagliano- solicitaron penas más severas para los 10 funcionarios, autoridades y profesionales imputados. Nayi, en particular, pidió elevar las penas para todos los acusados, subrayando la responsabilidad del entonces ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, quien, según su planteo, ostentaba la máxima jerarquía en la cartera sanitaria al momento de los hechos.
Pagliano, además, solicitó la prisión preventiva para algunos de los imputados en caso de confirmarse las condenas, argumentando que las escuchas telefónicas revelaron intentos de unificación de criterios entre las máximas autoridades del Ministerio de Salud provincial y el Hospital Neonatal para obstaculizar la investigación. "Esto podría ser un indicio de peligro de fuga si se dictan condenas", afirmó.
La estrategia de la defensa
El pasado jueves comenzaron los alegatos de la defensa, liderados por Gustavo Nievas, representante de la enfermera Brenda Agüero, señalada como posible autora material de los crímenes. Nievas insistió en que las pruebas en su contra se han desvanecido a lo largo del juicio, y cuestionó que no se haya investigado al jefe de Obstetricia Quirúrgica, Obdulio Paredes.
"La hipótesis de una asesina serial fue conveniente para encubrir otros problemas más profundos, como malas praxis, uso de medicamentos vencidos o experimentales, responsabilidades que recaen en las autoridades del hospital y del Ministerio de Salud", sostuvo Nievas en su exposición.
El rol del jurado popular
Una vez concluidos los alegatos, los ocho jurados populares deberán deliberar para decidir si los imputados son responsables de los delitos que se les atribuyen. Se les sumarán dos jueces técnicos, que también emitirán su voto. En caso de empate, será la presidenta del Tribunal, Patricia Soria, quien tendrá la decisión final.
Además de determinar la responsabilidad penal, el tribunal deberá resolver cuestiones adicionales como la calificación legal, la pena y el resarcimiento económico para los familiares de las víctimas.
Expectativa por el veredicto
Se espera que el veredicto sea emitido a principios de junio, aunque los tiempos podrían extenderse si las partes solicitan nuevas medidas o si surgen complicaciones en la deliberación del jurado. Una vez conocida la sentencia, las partes podrán presentar recursos de casación, lo que podría llevar el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba e incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.