Ayer se cumplió una década de la muerte de Diego Pachao, quien, tras permanecer alojado en la Comisaría Séptima luego de ser arrestado el 11 de marzo de 2012 junto a un amigo, tras protagonizar una gresca callejera, fue hospitalizado, falleciendo tres días después.
Su madre, Claudia Veliz, volvió a marchar en horas de la tarde, pidiendo nuevamente justicia por la muerte de su hijo que, a su entender, fue a manos de los efectivos de la Comisaría Séptima y no como finalmente lo determinó la Justicia.
La manifestación partió desde la plaza principal 25 de Mayo. Pasadas las 19.00 horas, se desplazaron con carteles y un alto parlante pidiendo “Justicia para Diego” por calle República hasta calle Maipú. Luego, giraron hacia el sur para tomar luego calle San Martín y caminar hasta calle Sarmiento, para luego marchar alrededor de la plaza 25 de Mayo y finalizar en la plazoleta de la bandera enfrente a la excasa de Gobierno, donde realizaron una radio abierta.
Por el desplazamiento de los manifestantes en el casco céntrico, la policía debió interrumpir en las distintas arterias el tránsito vehicular.
Cristina Veliz, madre de Diego, fue quien abrió la radio abierta de la que participaron también familiares de Brenda Gordillo, Hugo Ariel Ocampo y Sebastián Chanampa, entre otros. De la marcha y la radio abierta participaron también familiares de la comisión de víctimas en contra de la impunidad de la vecina provincia de Tucumán.
Fallo
Por otra parte, en la jornada de ayer, se conoció el fallo emitido por la Corte de Justicia de la provincia, en relación al planteo efectuado con fecha 14 de febrero por la fiscal Dra. Olga Pereyra, caratulados “Cuestión de competencia planteada por el Juzgado Correccional N° 2 en causa N° 154/21 -Bulacios, Gustavo Eduardo y Otros -Vejaciones, etc.” en el que se resuelve, tal como lo había publicado en exclusiva este diario, palabras más, palabras menos, remitir el expediente del caso Diego Pachao a la Cámara Penal N° 2 para la realización del juicio oral y público.
Del auto interlocutorio n° 4, al que tuvo acceso LA UNIÓN, hace mención a la postura del procurador de la Corte quien dice “... surge evidente de la lectura del requerimiento de citación a juicio -que no es otra cosa que el relato de los hechos y su alificación- circunstancias que exceden la competencia del Juzgado Correccional respecto de los hechos que le endilgan a los imputados, numerarios policiales y al encuadre legal de la conducta por el delito de vejaciones, lo que se agrava...”.
“...sabido es que un juzgado correccional no puede conocer ni juzgar aquellos delitos cuya pena exceda la competencia material asignada, es decir, de cinco años...”
Finalmente, el máximo tribunal indica en el autos “...ante la eventual modificación de la calificación actual -vejaciones e incumpliendo a los deberes de funcionario público- por una más severa... corresponde que intervenga el tribunal de competencia superior. Por ello, la Corte resuelve declarar que la Cámara en lo Criminal de segunda nominación es el tribunal competente para entender en las presentes actuaciones”. En otras palabras, el expediente regresará a dicho tribunal para la posterior realización del juicio oral, que tiene en el banquillo a seis policías de la provincia.