Tres hombres, acusados de abuso sexual en perjuicio de una docente del departamento Belén, recuperarían hoy la libertad ambulatoria, aunque continuarán vinculados a la causa, por falta de mérito del Ministerio Público Fiscal, para solicitar la prisión preventiva.
Para acceder al beneficio, el juez de Control de Garantías de la Tercera Circunscripción Judicial, Dr. Piovano, le impuso una caución personal de cien mil pesos por cada uno de los imputados. Según pudo conocer este diario, ayer se ultimaban los detalles con los garantes para que los imputados pudieran recuperar la libertad, lo que se materializaría en la mañana de hoy.
Tal como estaba previsto, en la mañana de ayer, el juez de Control de Garantías, Dr. Piovano, volvió a citar a las partes involucradas en la causa en la que se investiga el abuso sexual a una docente, hecho ocurrido el 18 de octubre del año pasado y que fue publicado en exclusiva por LA UNIÓN, para dar a conocer el veredicto en la audiencia de solicitud de prisión preventiva que se había realizado el pasado 22 de junio, en la ciudad de Belén.
En aquella oportunidad, la fiscalía, a cargo de la Dra. Marina Villagra, había solicitado que los imputados continuaran detenidos por la presunta comisión de los delitos abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple agravado por el número de personas. En tanto, que la defensa de los imputados, ejercida por el Dr. Luciano Rojas, pidió la libertad.
Finalmente, el juez dictó sentencia y, en coincidencia a lo planteado por la defensa, le dio la libertad a los tres imputados: el policía Edgardo de la Cruz Roldán, su hijo Cristian y su sobrino Rodrigo Hernán Ruiz, quienes, sin embargo, continuarán ligados a la causa.
Consultado por LA UNIÓN, el abogado defensor de los ahora liberados, Luciano Rojas, explicó que la medida adoptada por el juez de Control de Garantías fue porque no hay mérito para dictar la prisión preventiva. Asimismo, agregó que para recuperar la libertad, el juez impuso una caución personal de cien mil pesos para cada uno.
El hecho sucedió el 18 de octubre del año 2020, cuando la víctima fue llevada por los tres imputados en el automóvil de uno de ellos, con quien aparentemente habría acordado encontrarse, siendo abusada sexualmente por los tres imputados, luego de que estos consumieran bebidas alcohólicas.
Por la gravedad del hecho y teniendo en cuenta que uno de los acusados es un efectivo policial, desde la fiscalía se le puso a la víctima consigna para su protección, sin embargo, según habría indicado su abogada querellante, la mujer habría recibido amenazas por parte de los imputados y sus allegados.