Un fallo del Juzgado de Garantías del Joven N°3 de La Plata hizo lugar a un amparo presentado por el arquero de Independiente Rodrigo Rey y su pareja, en un caso que podría incidir en situaciones similares en todo el país, incluida Catamarca. La resolución aborda el alcance de la inclusión de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en las escuelas y su impacto en las familias.
El tribunal consideró que la decisión de una institución educativa de City Bell de rechazar la matrícula de los hijos de Rey —Renata y Benicio, este último con diagnóstico de autismo— constituyó un supuesto de discriminación indirecta. Según el fallo, la exclusión generó un impacto desproporcionado "por motivos de discapacidad" y el colegio no logró demostrar que existiera una finalidad legítima detrás de su determinación.
La sentencia ordenó garantizar la continuidad de los estudios de ambos hermanos en el establecimiento, implementar los ajustes razonables de inclusión educativa necesarios para Benicio y capacitar a todo el personal en materia de discapacidad y derechos humanos, como medida de "no repetición".
Cómo comenzó el conflicto
El caso se originó cuando la familia fue notificada de que el colegio de City Bell no renovaría la matrícula de los niños para el ciclo lectivo 2025. La decisión afectaba directamente al menor, diagnosticado con TEA, y fue interpretada por los padres como un acto de discriminación y vulneración del derecho a la educación inclusiva.
En octubre de 2024, Rey y su pareja denunciaron que la institución les había negado la escolaridad para 2025 tanto a su hijo con autismo como a su hermana. Tras meses de gestiones y reclamos, presentaron un amparo ante el Juzgado de Garantías, que finalmente les dio la razón.
El tribunal dispuso que la escuela deberá asegurar la continuidad escolar "hasta la finalización de los ciclos educativos", lo que implica garantizar el nivel secundario para la niña y el nivel primario y secundario para el niño, quienes tenían ocho y 15 años al inicio del conflicto.
El fallo representa un avance judicial relevante para familias con niños con TEA, en un contexto en el que, en varias jurisdicciones del país —entre ellas Catamarca— persisten dificultades para asegurar la inclusión educativa y el acompañamiento que establece la normativa vigente.