La trama de estafas protagonizada por Julieta G., una maestra y profesora de educación física porteña, suma cada vez más víctimas y pruebas en su contra. Mientras la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes de la Ciudad de Buenos Aires amplía la investigación, la acusada continúa viajando por Europa, publicando en sus redes sociales fotografías desde distintos destinos, pese a tener una orden de captura internacional en su contra.
Julieta G. dejó el país a mediados de 2024, semanas después de haber cometido una serie de robos sistemáticos a sus compañeras de trabajo en un jardín de infantes del barrio de Boedo, en Buenos Aires. En menos de siete días, se apoderó de más de tres millones de pesos, utilizando las tarjetas de crédito de otras docentes con las que había entablado confianza durante una suplencia breve.
El fiscal Miguel Ángel Kessler, titular de la Fiscalía PCyF N°5 Especializada en Ciberfraudes, encabezó las primeras medidas de investigación. Los peritajes detectaron 105 compras realizadas con las tarjetas robadas, que incluían desde gastos en supermercados, carnicerías y ópticas, hasta apuestas en plataformas de juego online. El gasto más alto fue el pasaje de avión a España, adquirido con dinero de las víctimas.
Una vez recopiladas las pruebas, la Justicia emitió una alerta internacional a Interpol para dar con su paradero. Sin embargo, lejos de esconderse, Julieta continúa compartiendo en redes sociales sus recorridos por Roma, Barcelona, Ámsterdam, Londres, Berlín, Pisa, Irlanda y Belfast, entre otras ciudades.
A partir de la difusión del caso, nuevas denuncias comenzaron a acumularse. Ex amigas y familiares del exnovio de la acusada se contactaron con medios nacionales para confirmar que también habían sido víctimas de su modus operandi. "Además de ladrona era perversa. Se compraba ropa con nuestras tarjetas y después nos lo mostraba como si nada", relató una de ellas.
En total, más de ocho personas declararon haber sufrido estafas por parte de la mujer, lo que amplió significativamente el expediente judicial. "Se ampliaron las denuncias y se mencionaron nuevos hechos", confirmó una fuente vinculada al caso.
Mientras tanto, el padre de Julieta G. fue imputado en la causa por haber participado en el circuito de dinero obtenido de forma ilícita. Los investigadores detectaron que parte de los fondos robados fueron canalizados a través de plataformas de juego online y luego retirados a cuentas bancarias a nombre de sus padres.
Al ser confrontado con las pruebas, el hombre admitió su participación en 22 hechos de defraudación mediante el uso de tarjeta magnética. Firmó un acuerdo con la Justicia que permitió la restitución de más de $1.200.000 a las víctimas, incluyendo intereses.
Pese a ello, la principal acusada sigue prófuga. Interpol mantiene activa la alerta roja para lograr su localización y extradición. Una vez que sea detenida, Julieta G. deberá afrontar cargos por estafas reiteradas y defraudación, delitos que podrían derivar en una pena de prisión efectiva.
La investigación continúa bajo la supervisión de la Fiscalía de Ciberfraudes, creada por el fiscal general Juan Bautista Mahiques, que trabaja en coordinación con fuerzas internacionales para concretar su captura.