La Sala Penal de la Corte de Justicia llevó a cabo este martes la audiencia de expresión de agravios correspondiente a un recurso de casación interpuesto por la defensa en una causa por un delito contra la integridad sexual, tramitada bajo la modalidad de juicio por jurados.
El expediente corresponde a un proceso en el que un hombre fue encontrado culpable por un jurado popular y posteriormente condenado a 11 años de prisión. En esta instancia, la audiencia tuvo como finalidad escuchar los argumentos presentados por las partes en relación con el recurso impulsado por la defensa contra la sentencia dictada en la causa.
Durante el desarrollo de la audiencia, tanto la defensa como el Ministerio Público Fiscal expusieron sus respectivas posiciones respecto de la validez del procedimiento llevado adelante durante el juicio y de los fundamentos de la condena.
La defensa cuestionó la integración del jurado
La defensa del condenado, representada por el Dr. Luciano Rojas, sostuvo como agravio principal que el juicio habría quedado afectado por una supuesta irregular integración del jurado popular. Según los argumentos expuestos durante la audiencia, uno de los integrantes del jurado habría continuado interviniendo en el debate pese al planteo formulado oportunamente ante el juez director del proceso.
Sobre esa base, la defensa consideró que esa situación habría afectado el desarrollo del juicio y solicitó que se declare la nulidad del debate, del veredicto de culpabilidad y de la sentencia dictada como consecuencia del proceso.
Como parte de su presentación, el defensor requirió además que, en caso de hacerse lugar al recurso de casación, se disponga la realización de un nuevo juicio por jurados, al entender que la supuesta irregularidad en la integración del jurado comprometió la validez del procedimiento.
El planteo subsidiario sobre la agravante
Además del cuestionamiento principal referido a la integración del jurado, la defensa formuló un planteo subsidiario relacionado con la aplicación de una circunstancia agravante considerada durante el proceso.
En ese sentido, cuestionó la aplicación de la agravante de convivencia preexistente, al sostener que la prueba producida durante el juicio no resultaría suficiente para acreditar la existencia de una convivencia estable entre el acusado, la madre de la víctima y la persona menor de edad.
Con ese fundamento, solicitó que dicha agravante sea excluida de la sentencia. La defensa sostuvo que la valoración realizada respecto de ese aspecto no estaría respaldada por prueba suficiente y planteó esa cuestión como una alternativa subsidiaria al pedido principal de nulidad del proceso.
La postura del Ministerio Público Fiscal
Por su parte, el fiscal de Cámara, Dr. Miguel Mauvecín, solicitó durante la audiencia que el recurso de casación sea rechazado y que se confirme la sentencia dictada en la causa.
Durante su exposición, sostuvo que la defensa había consentido oportunamente la integración del jurado popular, señalando que respecto del jurado N.º 12 no formuló objeciones en el momento procesal correspondiente. Asimismo, indicó que en relación con el jurado N.º 6, el juez director adoptó una solución que fue aceptada por las partes, consistente en disponer su apartamiento y permitir la continuidad del debate.
El representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que las decisiones adoptadas durante el desarrollo del juicio no comprometieron la imparcialidad del jurado ni la validez del procedimiento.
En consecuencia, sostuvo que no existen fundamentos para declarar la nulidad del debate, del veredicto de culpabilidad ni de la sentencia que fue recurrida por la defensa.
