En la mañana de ayer, en ámbitos del Juzgado Correccional N°3, se reanudó el debate que tiene en el banquillo de los acusados al médico cirujano Martín Facundo Barrionuevo López, quien debe responder por haber ocasionado la muerte de su paciente, Estela Alicia González, en octubre de 2016.

Luego de haber concluido con los testigos, la semana pasada el juez Javier Herrera escuchó a las partes.

Alegatos

El fiscal Víctor Figueroa fue el primero en alegar. Sosteniendo la imputación, hizo mención a lo declarado por el propio imputado, la que dijo fue contradictoria, recordando que señaló que “no era necesario operarla nuevamente” y que “si la llevaban a Córdoba iban a descompensarla”, lo que fue categóricamente negado por el Dr. Vega, perito del Cuerpo Interdisciplinario Forense, quien declaró como testigo calificado en el debate. Agregó también que “Estela se encontraba en mal estado de salud general”. Recordó, además, la declaración de la pareja de la víctima y la de sus hijos, quienes refirieron que era “una mujer trabajadora”. 

En apretadas síntesis, Figueroa dijo que Barrionuevo “violó el deber de cuidado sobre la paciente”, que él podría haberla intervenido por tercera vez si consideraba que era grave el peligro en la salud de la mujer y no lo hizo. En cuanto a las agresiones físicas y agravios que dijo el médico haber sufrido por parte de la familia, “en ningún lado de la historia clínica hay constancia de ello”, sentenció el fiscal. 

Al momento de solicitar la pena, Figueroa argumentó que Barrionuevo llevó a cabo una medida negligente y, por ende, debía ser condenado a la pena de 2 años y 8 meses de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación para ejercer la profesión. A renglón siguiente, alegó la Dra. Natalia Páez Vaca y la Dra. Alejandra Reynoso en calidad de querellantes y actoras civiles. Si bien Páez dijo que coincidía en lo planteado por el fiscal en sus alegatos, no compartía la pena solicitada y, para ellas, esta debía ser de 5 años.

En cuanto a la parte civil, hizo mención a que la víctima era empleada municipal y que, además, realizaba empanadas los domingos para vender y ayudar en la casa. 

Con base en ello y otras consideraciones realizadas como, por ejemplo, la expectativa de vida, solicitó que de manera conjunta el médico, el sanatorio privado para el que trabajaba y la aseguradora del sanatorio debían resarcir económicamente a sus clientes, por un monto de $19.496.514. 

Luego fue el turno de la defensa, representada por el Dr. Carlos Rosales Vera, que habló de “voluntarismo” en la causa huérfana de pruebas. “Dónde está el error que cometió. Nadie lo dijo. No hay una autopsia, señor juez, que nos pueda decir cuál fue la causa de muerte de la mujer y qué fue lo que la provocó”, agregó. 

El perito Vega dijo en la sala que “se hizo todo lo que se podía hacer. ¿Dónde está el error, la inconducta de mi asistido?”. 

Por otra parte, pidió la absolución para su asistido y, al referirse al reclamo económico, dijo que no está probado el monto que se reclama, por lo que pidió el desistimiento del monto solicitado.

Finalmente, alegó el abogado Castellano en representación del sanatorio en el que trabajaba Barrionuevo al momento del hecho, señalando básicamente que el doctor hizo todo lo que estuvo a su alcance.

Tras escuchar a las partes, el juez pasó a un cuarto intermedio para el próximo martes, cuando escuchará la última palabra del imputado y luego dará a conocer el veredicto de sentencia.