El viernes será la audiencia de detención preventiva para Mario Rodrigo del Campo, acusado de liderar una banda con empleados de distintas instituciones estatales y cometer los delitos de asociación ilícita y estafas.
Junto a Del Campo, los otros detenidos acusados de ser los "cabecillas" son Gastón Darío Agulles (40), Juan Pablo Collantes (42), José Wilfer Vega (48) y una abogada, la Dra. Grisel Gordillo (41) quienes se encuentran en el Penal de Miraflores.
El juez Santiago Francini Ahumada del Juzgado de Control de Detención Nº1 deberá determinar si los "cabecillas" continúan o no detenidos en el Penal.
En tanto Dennis Nieva Chayle, Luis Ricardo Bulacio, Héctor Enrique Varela Martínez y Maximiliano Martín Echaverría obtuvieron la libertad bajo caución.
Por otro lado, en cuanto a los siete empleados judiciales implicados que fueron suspendidos sin goce de haberes por dos meses, el tribunal de la Sala de Sumario deberá resolver en los próximos días que sucederá con los mismos y cómo avanzarán los sumarios.
Modus operandi
Según pudieron establecer los investigadores los detenidos V., G., D.C., y A., junto a los otros sindicados en la causa formaban parte de la banda que operaba a través de una compleja red de contactos dentro de organismos públicos y privados que les permitieron concretar un sin número de estafas. Todo iniciaba en la dirección de Catastro y el Registro de la Propiedad, de donde estas personas obtenían información sobre propiedades y títulos, los que saneaban para luego disponer de ellos de forma fraudulenta.
De la investigación surgió también que las víctimas nunca fueron notificadas de dichos procesos judiciales en su contra. En esta etapa de la estafa, los autores eran "ayudados" por los empleados de los Juzgados Comerciales y de Ejecución, quienes les daban información privilegiada sobre los trámites y les aseguraban un tratamiento preferencial en las causas.
Además, manipulaban la designación de martilleros asegurando así que el remate de los bienes se realizará según los intereses de la banda. Otro eslabón en el Modus operandi de la banda era no notificar a los deudores, tarea que debían llevar adelante los empleados de las Oficinas de Notificación de dichos juzgados, asegurándose esto empleados integrantes de la banda que las citaciones nunca llegaran a destino.
Llevando a los damnificados a recién tomar conocimiento de los procesos en su contra cuando se les secuestraba el vehículo o se les realizaba el descuento de sus haberes, momento en que descubrían que tenían un juicio ejecutivo en su contra, sin haber sido debidamente informados.
Efectivos de las fuerzas de seguridad, formaban también parte de la banda, quienes no solo figuraban como titulares de créditos y acciones, sino también desempeñaban un rol operativo por su función. Estos, se encargaban de seguir a los deudores en vehículos, tomaban fotografías de sus autos y, una vez firmado el embargo, alertaban al martillero para que realizarán el secuestro.