El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº43 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió elevar a juicio la causa vinculada a las marcas de Diego Armando Maradona, en un expediente que tiene como imputados al abogado Matías Morla, Maximiliano Pomargo y Claudia y Rita Maradona, hermanas del ídolo argentino.
La disposición judicial rechazó de manera categórica el pedido de sobreseimiento presentado por los acusados, al considerar que existen elementos suficientes para sostener que habrían incurrido en una maniobra destinada a "defraudar los intereses de los herederos legítimos" del exfutbolista. Según el texto, estas acciones se habrían llevado adelante mediante "maniobras vinculadas al manejo, disposición y activos, en acuerdo premeditado".
La decisión marca un punto de inflexión en una causa que investiga la administración del patrimonio marcario de Maradona, uno de los activos más valiosos asociados a su figura.
El rol de Sattvica S.A. en el entramado
Uno de los ejes centrales del expediente es la sociedad Sattvica S.A., sobre la cual la justicia puso especial atención. De acuerdo con el escrito, tanto Matías Morla como Maximiliano Pomargo habrían actuado como testaferros, ocupando los cargos de presidente y director suplente, respectivamente.
La investigación sostiene que ambos habrían "administrado fraudulentamente los bienes" de dicha sociedad, cuya creación fue definida como simulada. Según la resolución, esta estructura habría sido concebida por el propio Diego Armando Maradona con un objetivo preciso:
- Proteger sus activos marcarios
- Sustraer eventualmente parte de su patrimonio del fisco italiano
- Evitar que esos bienes quedaran en manos de sus herederos
En este contexto, se detalla que Maradona habría instruido a Morla para que, una vez constituida la sociedad, se le transfirieran las 21 marcas registradas en Argentina que ya estaban a su nombre.
A pesar de que la titularidad formal de la sociedad recaía en los imputados, el documento judicial subraya que su funcionamiento respondía a las directivas del propio Maradona.
El punto de quiebre: la muerte y la sucesión
El expediente identifica un cambio clave en el desarrollo de los hechos a partir del fallecimiento del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020. A partir de ese momento, se inició el proceso de sucesión y, con él, nuevas exigencias legales sobre la administración de los bienes.
El 8 de febrero de 2021, la sociedad Sattvica S.A. fue formalmente intimada a:
- Ceder y transferir de manera inmediata la totalidad de las marcas a los herederos
- Abstenerse de utilizar cualquier poder otorgado previamente por Maradona
Sin embargo, según la imputación, estas disposiciones no habrían sido cumplidas en los términos exigidos, lo que dio lugar a una segunda etapa del presunto accionar delictivo.
Cesiones cuestionadas y nuevas imputaciones
El escrito judicial describe un "segundo tramo de la misma administración fraudulenta", centrado en la presunta cesión de acciones de la sociedad.
Entre septiembre de 2022 y agosto de 2023, se habría producido la transferencia del capital accionario de Sattvica S.A. en favor de:
- Rita Mabel Maradona (50%)
- Claudia Nora Maradona (50%)
Este movimiento es considerado por la justicia como parte de la maniobra investigada, en tanto se habría realizado en un contexto ya atravesado por disputas sucesorias y obligaciones legales pendientes.
Continuidad en la conducción y renuncias
Otro aspecto relevante del fallo es la continuidad de los imputados en roles de poder dentro de la sociedad, incluso después del inicio del conflicto judicial.
El documento detalla que:
- Matías Morla y Garmendia continuaron como apoderados
- Ambos ejercieron cargos directivos hasta fechas posteriores
En particular:
- Morla renunció a la presidencia el 20 de septiembre de 2022
- Garmendia dejó su cargo de director suplente el 17 de julio de 2023
Estas fechas se ubican dentro del período en el que, según la investigación, se habrían desarrollado las maniobras cuestionadas.
Clausura de la instrucción y paso a juicio
Finalmente, la justicia resolvió clausurar la etapa de instrucción y avanzar hacia el juicio oral, en el que se analizarán en profundidad las responsabilidades de los imputados.
La causa se encuentra caratulada bajo el delito de defraudación por administración fraudulenta, una figura que implica el manejo indebido de bienes en perjuicio de terceros, en este caso, los herederos legítimos de Diego Armando Maradona.
La elevación a juicio no solo formaliza las acusaciones, sino que abre una nueva etapa donde se pondrán a prueba las pruebas recolectadas y las versiones de cada una de las partes involucradas en un caso que combina patrimonio, poder y legado.