La causa judicial que investiga la muerte de la modelo Natacha Jaitt vuelve a estar en el centro del debate público y jurídico. En las últimas horas, un nuevo despacho en el expediente informó que se completó el escaneo de la totalidad del expediente en papel, un hito técnico relevante para la organización de las actuaciones. Sin embargo, el documento oficial aclara que todavía resta incorporar esa digitalización al sistema informático SIMP y dispone la remisión del expediente físico al Juzgado de Garantías Número 2 de Tigre.
Esta medida representa un progreso indudable en la gestión documental y en la modernización de los trámites, pero deja intacto el trasfondo del conflicto. La crítica principal apunta a una cuestión concreta y de estricta lógica procesal: escanear el expediente y remitirlo entre dependencias no sustituye una respuesta sobre los pedidos de investigación. La digitalización debe facilitar el examen de la causa y el acceso a sus antecedentes; sin embargo, su verdadero valor depende también de que permita avanzar hacia decisiones de fondo.
El reclamo formal y la exigencia de respuestas
Ante este escenario de aparente movimiento burocrático pero estancamiento sustancial, el periodista Ulises Jaitt y su abogado, Ignacio Barrios, levantaron la voz. Ambos reclamaron con firmeza una decisión fundada sobre el pedido de reapertura de la investigación, cuestionando categóricamente que los avances administrativos no estén acompañados de una respuesta sobre el fondo de la pesquisa.
Los puntos centrales de la presentación legal se detallan en el siguiente orden:
Presentación de la revisión: Ingresada formalmente el 20 de agosto de 2026 y dirigida de forma directa a la Fiscalía General de San Isidro.
Exigencia resolutiva: Se reclama una resolución expresa que examine minuciosamente los cuestionamientos formulados por la querella.
Justificación jurídica: Se exige que el tribunal explique detalladamente por qué corresponde mantener el archivo de la causa o, por el contrario, ordenar su inmediata reapertura.
Control de pruebas: El planteo exige que la burocracia digital no opaque la necesidad urgente de resolver sobre la legalidad y continuidad del proceso.
La batalla por la preservación de la prueba digital
Más allá del debate sobre el archivo del expediente, el reclamo legal encabezado por Ulises Jaitt y patrocinado por el letrado Ignacio Barrios comprende un aspecto técnico fundamental para la verdad de los hechos: la preservación de los dispositivos electrónicos y de todo el material pericial acumulado a lo largo de la instrucción.
La presentación judicial exige realizar verificaciones técnicas rigurosas sobre los elementos secuestrados. Entre las exigencias planteadas a los magistrados se destacan los siguientes interrogantes e inspecciones periciales:
Verificar con precisión matemática qué información exacta se obtuvo de los aparatos tecnológicos.
Determinar qué archivos específicos se conservan en los respaldos oficiales.
Evaluar si las comprobaciones técnicas propuestas pueden realizarse de manera segura y eficiente sobre las copias disponibles o si, por el contrario, la investigación requiere ineludiblemente la manipulación de los dispositivos originales.
Mientras las dependencias judiciales continúan ejecutando traslados de papeles y procesos de digitalización informática, la realidad procesal indica que el expediente avanza en su trámite administrativo, pero la respuesta sustancial sobre la continuidad de la investigación judicial sigue completamente pendiente.