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Obligaba a menores a filmar material sexual, y lo condenaron a 10 años de prisión

El acusado, mejor conocido como "Camus Hacker", junto a su cómplice, reclutaron a al menos seis adolescentes para la producción de material pornográfico entre los años 2016 y 2018.

01 Junio de 2022 14.40

Hoy miércoles, el Tribunal Oral en lo Federal N°6 condenó a Emmanuel Carlos Ioselli -alias “Camus Hacker- y su cómplice Gastón Rubén Favale, a 10 y 15 años de cárcel respectivamente por reclutar a al menos seis adolescentes para la producción de material pornográfico entre abril de 2016 y el 8 de junio de 2018. 

El tribunal integrado por los magistrados Sabrina Namer, Néstor Costabel y Rodrigo Giménez Uriburu condenó a los acusados como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación configurada mediante la promoción, facilitación y comercialización de pornografía infantil, “agravado por haberse concretado dicha finalidad y por haber sido cometido mediante engaño y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas”, todas ellas menores al momento de los hechos ocurridos entre 2018 y 2016.

 

Favale fue condenado a una pena más dura que “Camus Hacker” porque además de los cargos de trata y pornografía fue hallado culpable de la violación de una de las menores. A Ioselli se le computó también una pena previa de tres años en suspenso por amenazas que había sido dictada por un tribunal porteño en 2016.

 

La acusación fue llevada adelante en el proceso por la fiscal Gabriela Baigún, que produjo la prueba en el juicio. En reemplazo de Baigún, las fiscales Alejandra Mángano (titular de la PROTEX, la investigadora original de la causa) y Jessica Racki habían pedido penas de 13 y 20 años para Ioselli y Favalle respectivamente a mediados de abril. También habían pedido una reparación económica para las víctimas, algo que fue concedido y que será implementado a través de la liquidación de dispositivos electrónicos incautados a los condenados, que fueron representados por defensores oficiales.

“La producción de la prueba fue muy compleja. Muchas de las víctimas se negaron a comparecer a declarar. Fue difícil lograr que vengan y den su testimonio”, aseguró Baigún, tras la decisión: “Fue un verdadero trabajo en conjunto de la fiscalía a mi cargo y la PROTEX a cargo de Alejandra Mángano”.