La muerte de una bebé recién nacida en el Hospital Nueva Maternidad Provincial de Córdoba generó conmoción y abrió un capítulo de fuerte tensión dentro del sistema público de salud. Una joven de 20 años denunció que su hija falleció minutos después de una cesárea que, según su relato, no estaba planificada inicialmente y que, en su opinión, se realizó en un contexto de presunta mala praxis. La presentación judicial desencadenó una serie de medidas inmediatas por parte del Ministerio Público Fiscal, entre ellas un allanamiento del establecimiento y la recopilación de documentación clave para reconstruir lo ocurrido.
El hecho ocurrió días atrás, cuando la mujer ingresó al hospital para un control vinculado a su embarazo. Según consta en la denuncia, la paciente fue sometida a una intervención de urgencia sin una explicación médica clara sobre el cambio de procedimiento, y minutos después del nacimiento la bebé murió. La familia sostiene que hubo inconsistencias en la atención recibida y que la comunicación del personal de salud fue confusa, lo que reforzó sus sospechas de negligencia. Desde el centro asistencial, por el momento, no hubo declaraciones oficiales.
La gravedad del caso no solo radica en el fallecimiento de la niña, sino también en lo que reveló el fiscal que investiga el hecho. De acuerdo con su informe preliminar, existen al menos tres causas más en curso durante este año, relacionadas con la atención en el mismo hospital: dos de bebés y una de una mujer adulta. A ellas se suma un expediente iniciado el año pasado, lo que lleva el total a cuatro investigaciones adicionales por hechos que podrían guardar similitudes con la denuncia actual.
La sucesión de casos encendió alarmas en la Justicia y en el ámbito sanitario. Frente a esta situación, el fiscal ordenó un allanamiento del Hospital Nueva Maternidad Provincial, con el objetivo de obtener las historias clínicas, los registros quirúrgicos, los protocolos de atención y la nómina de profesionales que intervinieron en cada procedimiento señalado. También se espera que en los próximos días se convoque a declarar a médicos, enfermeros y autoridades del establecimiento.
Mientras tanto, organizaciones de derechos de pacientes y asociaciones de madres comenzaron a seguir de cerca la causa, poniendo el foco en la necesidad de revisar los estándares de atención, los protocolos de emergencias obstétricas y el funcionamiento interno del hospital. Algunas agrupaciones anticiparon que solicitarán auditorías externas y un informe del Ministerio de Salud provincial sobre el estado de los servicios materno-infantiles.
La joven denunciante, acompañada por su entorno familiar, reclamó justicia y pidió que se esclarezcan las circunstancias exactas en las que murió su hija. Su abogado adelantó que solicitará peritajes independientes, tanto médicos como técnicos, para determinar si existieron fallas en la intervención, en el monitoreo fetal previo o en la atención posterior al nacimiento. La causa, que está en etapa inicial, podría derivar en imputaciones si las pruebas confirman irregularidades.
El caso se convirtió rápidamente en uno de los temas más sensibles de la agenda provincial, no solo por la denuncia puntual, sino por el posible patrón que sugieren las causas acumuladas. La investigación avanza mientras crece la expectativa por conocer si las pericias médicas y la documentación incautada permitirán determinar responsabilidades y esclarecer qué sucedió dentro del hospital durante esos minutos decisivos.