En una resolución de alta trascendencia para la justicia regional, el gobierno de Perú autorizó formalmente la extradición a la Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido en el ámbito delictivo como "Pequeño J". El sujeto había buscado refugio en su país natal tras haber sido señalado como el principal responsable del triple femicidio de Florencio Varela, un crimen de extrema brutalidad donde fueron asesinadas las jóvenes Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.
La decisión administrativa, que lleva la rúbrica del Presidente de la República de Perú y de los ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, resuelve de manera taxativa acceder a la solicitud de extradición pasiva para que el ciudadano sea procesado por los tribunales argentinos.
Calificación legal y gravedad de los hechos
La imputación que pesa sobre Valverde Victoriano reviste una gravedad técnica excepcional, fundamentada en la presunta comisión del delito de homicidio agravado. Según el documento oficial, el proceso contempla agravantes por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, mediando ensañamiento y alevosía. Asimismo, la justicia argentina subraya que los crímenes fueron perpetrados por mediar violencia de género, bajo la figura de hecho reiterado en tres ocasiones, los cuales se presentan en concurso real entre sí. Esta calificación legal refleja la magnitud del ataque contra las tres jóvenes y sustenta el pedido de cooperación internacional para evitar la impunidad del sospechoso.
A pesar de la autorización concedida el 31 de enero de 2026, la entrega efectiva del requerido está sujeta al cumplimiento de estrictas cláusulas de verificación. El artículo 2 del documento oficial estipula que la Autoridad Central deberá constatar que el imputado no posea procesos penales pendientes, sentencias condenatorias o requisitorias previas ante las autoridades judiciales peruanas; de lo contrario, el traslado será considerado aplazado.
Finalmente, la resolución suprema exige que el Estado argentino garantice el cómputo del tiempo que el sujeto haya permanecido privado de su libertad durante el trámite de extradición en Perú, asegurando así el respeto a la normativa interna y las garantías procesales aplicables al caso.