La Justicia tucumana otorgó en los últimos días salidas transitorias a Pablo Maximiliano Amín, condenado a prisión perpetua por el femicidio de su expareja, María Marta Arias, ocurrido en 2007. El caso, que estremeció al país por la extrema violencia del crimen, volvió a generar conmoción e indignación pública luego de conocerse que el condenado puede salir del penal bajo custodia dos veces al mes.
Amín, considerado uno de los criminales más violentos de la historia reciente en la provincia, fue sentenciado a prisión perpetua tras ser hallado culpable del homicidio agravado por ensañamiento contra Arias, quien tenía 23 años. El hecho ocurrió el 27 de octubre de 2007, cuando la pareja se encontraba en un hotel de San Miguel de Tucumán.
De acuerdo con las pericias de aquel momento, Amín primero estranguló a su pareja y luego mutiló su cuerpo, llegando incluso a arrancarle los ojos. El personal del hotel descubrió la escena en circunstancias aterradoras: el agresor, desnudo y en aparente estado de delirio, arrastraba el cuerpo sin vida por las escaleras.
Durante el juicio, la defensa intentó sostener que Amín sufría un brote psicótico y era inimputable, pero los estudios psiquiátricos determinaron que su cuadro correspondía a un trastorno de personalidad antisocial, sin alteraciones mentales que anularan su comprensión de los hechos. Los peritos también concluyeron que el acusado simuló incoherencia y comportamientos delirantes como estrategia de defensa. Finalmente, el tribunal lo condenó a prisión perpetua.
El beneficio judicial que reabrió la polémica
A 18 años del crimen, Amín solicitó acceder a los beneficios previstos por la ley tras haber cumplido parte de la condena y haber demostrado "buena conducta" durante su detención en el penal de Villa Urquiza. Según informó el diario El Liberal, la Justicia le otorgó salidas transitorias dos veces al mes, por un lapso de tres horas y bajo custodia.
El beneficio fue aprobado por la jueza de Ejecución Penal y luego ratificado por el Tribunal de Impugnación de Tucumán, pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal (MPF), que había solicitado rechazar el pedido por considerar que no estaban dadas las condiciones para su reinserción social.
Desde que comenzó a circular la noticia, se registraron expresiones de malestar e indignación entre vecinos y organizaciones de mujeres, que repudiaron la decisión judicial. En redes sociales y medios locales, el caso reflotó el debate sobre los criterios con los que se otorgan las salidas transitorias a condenados por delitos de femicidio.
Fuentes judiciales explicaron que estos beneficios se conceden de manera progresiva a quienes mantienen una conducta adecuada en prisión y cumplen determinados requisitos establecidos en la Ley de Ejecución Penal. No obstante, el impacto social del caso y la brutalidad del crimen hacen que la decisión judicial sea cuestionada incluso dentro del ámbito jurídico.
El caso de Amín vuelve a poner sobre la mesa una discusión pendiente en torno al equilibrio entre los derechos de los condenados y la necesidad de garantizar justicia y seguridad social, especialmente en delitos de violencia de género con extrema crueldad.